El abogado del Estado presenta sus conclusiones y sostiene que la concesión debió anularse en 1988M. BUITRAGO MURCIA / La Verdad
El punto final del litigio sobre las polémicas obras de Puerto Mayor, en La Manga, está más cerca. El proceso ha entrado en la fase de conclusiones de cada una de las partes implicadas en el caso que instruye el Tribunal Superior de Justicia desde julio del 2005, cuando ordenó la paralización provisional del puerto deportivo a raíz de la denuncia que interpuso un año antes la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El abogado del Estado, Juan Ramón Calero, ha solicitado que se anule la autorización de las obras sobre la base de que el permiso caducó en el año 1988, por lo que las resoluciones posteriores no tienen validez. Es lo que opinan la Administración General del Estado y el Ministerio, que llegó a pedir que se derribe la parte construida por los graves daños medioambientales ocasionados a La Manga y el Mar Menor.
Además del abogado del Estado presentarán sus conclusiones el Gobierno murciano, que es la instancia denunciada formalmente, y las sociedades que giran en torno al proyecto, como son Puerto Mayor, Puerto Menor y la urbanizadora Virgen del Mar. Si la sentencia del TSJ se produce antes de fin de año, se solapará con las medidas cautelares que todavía están pendientes y que permitían a la empresa del promotor Tomás Maestre reanudar una parte de las obras.
La denuncia de la Comisión Europa de que el proyecto ha vulnerado dos directivas no va a afectar jurídicamente al proceso, pero es posible que sí lo haga psicológicamente e incremente la presión sobre algunos protagonistas de este proceso. Por otra parte, el alto tribunal no se va a pronunciar sobre los posibles daños medioambientales que haya ocasionado el nuevo puerto deportivo, sino sobre la legalidad de las resoluciones administrativas adoptadas por el Gobierno regional que facilitaron las obras -tanto en la etapa de Carlos Collado como de Ramón Luis Valcárcel- y si se respetaron los requisitos legales para darle audiencia y participación a todas las instancias, entre ellas la Dirección General de Costas, que se opuso desde el primer momento.
En las conclusiones finales del abogado del Estado se explica que la concesión que otorgó el Consejo de Ministros en el año 1975, para construir una dársena para 900 puntos de amarres junto a unas dos mil viviendas, además de un pequeño aeropuerto, caducó después de una prórroga. La autoridades advirtieron a la empresa de que la obra debía estar terminada en agosto de 1982, a partir del cual se le exigió un plan de trabajo para autorizar la ampliación. La empresa no lo hizo. Según el Estado, ninguna Administración ni autoridad judicial dio una segunda prórroga, por lo que se debió iniciar un expediente de caducidad en el año 1988, en lugar de permitir que siguiera el proyecto adelante. Cree que el Gobierno regional de entonces, en manos del PSOE, infringió la Ley de Costas y no exigió un informe de impacto ambiental.
Posteriormente, en 2003, con el Gobierno del PP se dictó una resolución autorizando la continuación de las obras, que no contó con el informe preceptivo y vinculante del Estado.
Además del abogado del Estado presentarán sus conclusiones el Gobierno murciano, que es la instancia denunciada formalmente, y las sociedades que giran en torno al proyecto, como son Puerto Mayor, Puerto Menor y la urbanizadora Virgen del Mar. Si la sentencia del TSJ se produce antes de fin de año, se solapará con las medidas cautelares que todavía están pendientes y que permitían a la empresa del promotor Tomás Maestre reanudar una parte de las obras.
La denuncia de la Comisión Europa de que el proyecto ha vulnerado dos directivas no va a afectar jurídicamente al proceso, pero es posible que sí lo haga psicológicamente e incremente la presión sobre algunos protagonistas de este proceso. Por otra parte, el alto tribunal no se va a pronunciar sobre los posibles daños medioambientales que haya ocasionado el nuevo puerto deportivo, sino sobre la legalidad de las resoluciones administrativas adoptadas por el Gobierno regional que facilitaron las obras -tanto en la etapa de Carlos Collado como de Ramón Luis Valcárcel- y si se respetaron los requisitos legales para darle audiencia y participación a todas las instancias, entre ellas la Dirección General de Costas, que se opuso desde el primer momento.
En las conclusiones finales del abogado del Estado se explica que la concesión que otorgó el Consejo de Ministros en el año 1975, para construir una dársena para 900 puntos de amarres junto a unas dos mil viviendas, además de un pequeño aeropuerto, caducó después de una prórroga. La autoridades advirtieron a la empresa de que la obra debía estar terminada en agosto de 1982, a partir del cual se le exigió un plan de trabajo para autorizar la ampliación. La empresa no lo hizo. Según el Estado, ninguna Administración ni autoridad judicial dio una segunda prórroga, por lo que se debió iniciar un expediente de caducidad en el año 1988, en lugar de permitir que siguiera el proyecto adelante. Cree que el Gobierno regional de entonces, en manos del PSOE, infringió la Ley de Costas y no exigió un informe de impacto ambiental.
Posteriormente, en 2003, con el Gobierno del PP se dictó una resolución autorizando la continuación de las obras, que no contó con el informe preceptivo y vinculante del Estado.
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