La Comunidad estudiará si es viable jurídicamente dar más autoridad al profesor

La Verdad
Sotoca defiende que la medida adoptada en Madrid «es positiva»
Los padres la critican y creen que el respeto «no se impone»
Don Juan Carlos aludió a la educación como «factor clave de futuro para los jóvenes»
La repercusión de la medida adoptada por la Comunidad Autónoma de Madrid ha llegado a la Región de Murcia. El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, aseguró ayer que «cualquier medida que tenga por objeto reforzar el respeto y la autoridad del profesorado me parece positiva». Sotoca aseguró que la Comunidad Autónoma «estudiará si jurídicamente es viable tomar esa iniciativa desde el ámbito regional, al margen de que, en mi opinión, esto debería haberse planteado a nivel estatal. Después de estudiarlo, no hay ningún inconveniente para abrir un debate en la sociedad educativa, que yo creo que apoya mayoritariamente la propuesta». El consejero también hizo referencia al decreto elaborado por el Gobierno regional sobre las normas de convivencia en los centros, asegurando que «nosotros ya contamos con una norma que refuerza la autoridad, la independiencia y la autonomía de los profesores en estos casos, y fue un decreto pionero».
Sotoca contestaba de esta manera a la petición realizada desde el sindicato de profesores ANPE, que manifestó su apoyo a la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de sacar adelante una ley que reconozca la autoridad pública del profesor, y solicitó a la Consejería de Educación, Formación y Empleo que la incluya en el Estatuto Docente. En un escrito dirigido al consejero, ANPE dice que «esperamos que este precedente sea tenido en cuenta».
Así, desde ANPE se solicita que la Consejería de Educación promueva la consideración de autoridad publica para los docentes en el ejercicio de su profesión, pues «la autoridad del profesor es un componente básico de la relación educativa que proviene de la responsabilidad que el docente tiene sobre sus alumnos». Igualmente, y según el mismo escrito, ANPE sostiene que «agredir o amenazar a un docente en el ejercicio de su función es un síntoma grave de deterioro y una sociedad democrática, precisamente porque lo es, no puede tolerarlo».
«Asombrados»
Pero las opiniones no son iguales en la Región de Murcia. El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Juan González de la Región, Ginés Martínez, consideró que la propuesta de la presidenta Esperanza Aguirre de sacar adelante una ley que reconozca la autoridad pública del profesor es propia de una «mente calenturienta». Igualmente, reconoció estar «asombrado» de que haya un sector de profesores que «aplauda esta idea y pida que se extienda a otras comunidades autónomas», y se preguntó si la autoridad de la que se quiere revestir al profesor es «como la Guardia Civil o algo así».
Para Martínez, la autoridad «no se impone», como tampoco el «respeto» que, a su entender, «debe ganarse, igual que un padre con su hijo». «No concebimos que se imponga esa autoridad como pudiera estar en el mundo civil y creemos que, si eso es así, qué le queda al profesorado por hacer», se preguntó.
El responsable de Educación del PSOE, Jesús López, dijo que «todas las medidas encaminadas a fortalecer la autoridad del profesorado las vemos bien, pero es algo que debería nacer de un pacto de Estado. En clave regional, el Observatorio Regional para la Convivencia nos viene a decir que los casos graves son muy escasos y a la baja. De todas formas, es triste que tengamos que resolver los problemas de la comunidad educativa por la vía judicial, esto es un síntoma de que estamos fracasando toda la sociedad».