El acuerdo elevará el coste de esta medida a 1.350 millones, el doble de lo previsto, y podrábeneficiar a otros300.000 paradosM. J. ALEGRE COLPISA. MADRID/ La Verdad
La necesidad de consenso hizo el milagro. Los 420 euros mensuales de ayuda a la inserción en el mercado laboral los van a cobrar, si los solicitan, los parados que agotaron el subsidio a partir del 1 de enero de este año, y no sólo los que se encuentran en esa situación desde el pasado 1 de agosto. Los potenciales nuevos beneficiarios son entre 250.000 y 300.000, y se sumarán a los 350.000 ya cubiertos.
El partido que apoya al Gobierno se vio forzado a extender esa prestación por exigencias de los representantes de fuerzas políticas de izquierda, IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai. Estas formaciones han renunciado a posiciones maximalistas -unas pedían cobertura universal, otras la creación de una renta básica-, con la bendición de los sindicatos. Se les sumaron otras minorías parlamentarias, como PNV -que ya adoptó su propia iniciativa para demandar la cobertura total- y CiU y sólo el PP quedó al margen. La retroactividad a comienzos del año hace que el Ejecutivo ya pueda contar con sus votos para sacar adelante en el Congreso una medida de cuyas bondades nadie duda, pero que se estableció y presentó con severas limitaciones y en las peores circunstancias posibles.
El coste añadido a las cuentas del Estado asciende a un máximo de 700 millones de euros, a sumar a los 642 millones ya previstos, y la cuantía total se repartirá de forma desigual entre lo que resta de 2009 y el próximo ejercicio. Este año las arcas ya no están para nada, y la prevención de la gripe A ha agotado los fondos de contingencia destinados a financiar imprevistos, lo que hace muy probable que el Gobierno tenga que llevar al Parlamento una nueva propuesta de ampliación del techo de gasto. Extender las ayudas significa «detraer recursos de otras alternativas o incrementar nuestro déficit, porque en una unión monetaria el dinero no se puede crear», alertó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que asiste en Bruselas a la reunión de ministros de Economía de la UE.
Con urgencia
Los mimbres del acuerdo los puso
el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que ofreció la pasada semana consenso en el Congreso a todas las fuerzas políticas y se reunió después con los sindicatos para contrastar opiniones. Cuando les sugirió que la cobertura arrancara el 1 de junio, las centrales no dudaron en calificar la propuesta de «decepcionante» y siguieron presionando.
Del acuerdo con las minorías parlamentarias ha salido, además, la fórmula para que el Gobierno pueda enmendar el polémico real decreto ley que aprobó, con precipitación, el pasado 13 de agosto. Ese texto se convalidará el próximo 17 de septiembre en el pleno del Congreso en una votación que ya cuenta con mayoría suficiente y en la que el Partido Popular podría, en todo caso, abstenerse, pero no es previsible que se pronuncie en contra tras anunciar que actuará «con responsabilidad».
De forma simultánea se aprobará sacar adelante el proyecto de ley que introducirá los cambios, y que se tramitará en el Parlamento por un procedimiento poco frecuente, el de lectura única y carácter de urgencia.
Las minorías de izquierda han presionado para que esas modificaciones no se limiten a la retroactividad del 1 de enero. También han alcanzado un principio de acuerdo para la prórroga del plan más allá de los seis primeros meses. Su extensión a un semestre adicional estaba condicionada a la persistencia de una tasa de paro superior al 17% de la población activa, pero va a desaparecer ese requisito, que figuraba en el preámbulo del real decreto. No era una limitación inmediata: el propio Gobierno estima en sus previsiones que la proporción de desempleados llegue al 18,9% en el año 2010.
Los sindicatos han expresado su satisfacción por el acuerdo. Para Cándido Méndez, secretario general de UGT, se trata de una medida "de justicia social" y de una manera «distinta y solidaria de abordar la crisis económica. Desde CC OO, que no renuncia a ampliar la renta activa de inserción -una prestación estrechamente vinculada a la mejora de la empleabilidad- calculan que la extensión de la ayuda de los 420 euros «beneficiará prácticamente a la totalidad» de los parados que han agotado la prestación y el subsidio contributivo.
El partido que apoya al Gobierno se vio forzado a extender esa prestación por exigencias de los representantes de fuerzas políticas de izquierda, IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai. Estas formaciones han renunciado a posiciones maximalistas -unas pedían cobertura universal, otras la creación de una renta básica-, con la bendición de los sindicatos. Se les sumaron otras minorías parlamentarias, como PNV -que ya adoptó su propia iniciativa para demandar la cobertura total- y CiU y sólo el PP quedó al margen. La retroactividad a comienzos del año hace que el Ejecutivo ya pueda contar con sus votos para sacar adelante en el Congreso una medida de cuyas bondades nadie duda, pero que se estableció y presentó con severas limitaciones y en las peores circunstancias posibles.
El coste añadido a las cuentas del Estado asciende a un máximo de 700 millones de euros, a sumar a los 642 millones ya previstos, y la cuantía total se repartirá de forma desigual entre lo que resta de 2009 y el próximo ejercicio. Este año las arcas ya no están para nada, y la prevención de la gripe A ha agotado los fondos de contingencia destinados a financiar imprevistos, lo que hace muy probable que el Gobierno tenga que llevar al Parlamento una nueva propuesta de ampliación del techo de gasto. Extender las ayudas significa «detraer recursos de otras alternativas o incrementar nuestro déficit, porque en una unión monetaria el dinero no se puede crear», alertó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que asiste en Bruselas a la reunión de ministros de Economía de la UE.
Con urgencia
Los mimbres del acuerdo los puso
el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que ofreció la pasada semana consenso en el Congreso a todas las fuerzas políticas y se reunió después con los sindicatos para contrastar opiniones. Cuando les sugirió que la cobertura arrancara el 1 de junio, las centrales no dudaron en calificar la propuesta de «decepcionante» y siguieron presionando.
Del acuerdo con las minorías parlamentarias ha salido, además, la fórmula para que el Gobierno pueda enmendar el polémico real decreto ley que aprobó, con precipitación, el pasado 13 de agosto. Ese texto se convalidará el próximo 17 de septiembre en el pleno del Congreso en una votación que ya cuenta con mayoría suficiente y en la que el Partido Popular podría, en todo caso, abstenerse, pero no es previsible que se pronuncie en contra tras anunciar que actuará «con responsabilidad».
De forma simultánea se aprobará sacar adelante el proyecto de ley que introducirá los cambios, y que se tramitará en el Parlamento por un procedimiento poco frecuente, el de lectura única y carácter de urgencia.
Las minorías de izquierda han presionado para que esas modificaciones no se limiten a la retroactividad del 1 de enero. También han alcanzado un principio de acuerdo para la prórroga del plan más allá de los seis primeros meses. Su extensión a un semestre adicional estaba condicionada a la persistencia de una tasa de paro superior al 17% de la población activa, pero va a desaparecer ese requisito, que figuraba en el preámbulo del real decreto. No era una limitación inmediata: el propio Gobierno estima en sus previsiones que la proporción de desempleados llegue al 18,9% en el año 2010.
Los sindicatos han expresado su satisfacción por el acuerdo. Para Cándido Méndez, secretario general de UGT, se trata de una medida "de justicia social" y de una manera «distinta y solidaria de abordar la crisis económica. Desde CC OO, que no renuncia a ampliar la renta activa de inserción -una prestación estrechamente vinculada a la mejora de la empleabilidad- calculan que la extensión de la ayuda de los 420 euros «beneficiará prácticamente a la totalidad» de los parados que han agotado la prestación y el subsidio contributivo.
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