J. M. LÁZARO - Madrid - 02/01/2010 / El País.com
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de separación de servicio impuesta a un guardia civil que sustrajo la tarjeta de crédito a un fallecido en accidente de tráfico y la utilizó en 69 ocasiones antes de ser detenido.
El agente, Antonio F. P., del destacamento de Tráfico de Porriño (Pontevedra), estaba redactando el atestado y reseñando los objetos encontrados a un fallecido en un accidente de circulación y, en un momento en que se ausentaron sus dos compañeros, cogió una tarjeta de crédito de La Caixa a nombre del fallecido.
Días más tarde, comenzó a utilizarla realizando compras, abonando peajes de autopista y surtiéndose de gasolina en distintos lugares. En ocasiones firmó los tiques de compra con el nombre del fallecido. El guardia civil utilizó la tarjeta en 69 ocasiones, ocasionando un perjuicio de 1.323,13 euros. El agente ha devuelto el importe de lo sustraído.
El Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra le condenó a un año y seis meses de prisión y a una multa de 2.880 euros como autor de un delito continuado de estafa, en concurso con falsedad en documento mercantil. A la vista de la sentencia, firme y por un delito doloso, el director general de la Guardia Civil le impuso la separación del servicio.
El agente recurrió alegando que cuando cometió los hechos padecía un trastorno ansioso depresivo que le hizo actuar "sin capacidad volitiva plena", tal como declaró la sentencia, y que había sido indultado.
La Sala de lo Militar, sin embargo, ha ratificado su expulsión de la Guardia Civil, ya que, "aunque actuó sin voluntad plena, conocía lo que hacía y quiso hacerlo".
Días más tarde, comenzó a utilizarla realizando compras, abonando peajes de autopista y surtiéndose de gasolina en distintos lugares. En ocasiones firmó los tiques de compra con el nombre del fallecido. El guardia civil utilizó la tarjeta en 69 ocasiones, ocasionando un perjuicio de 1.323,13 euros. El agente ha devuelto el importe de lo sustraído.
El Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra le condenó a un año y seis meses de prisión y a una multa de 2.880 euros como autor de un delito continuado de estafa, en concurso con falsedad en documento mercantil. A la vista de la sentencia, firme y por un delito doloso, el director general de la Guardia Civil le impuso la separación del servicio.
El agente recurrió alegando que cuando cometió los hechos padecía un trastorno ansioso depresivo que le hizo actuar "sin capacidad volitiva plena", tal como declaró la sentencia, y que había sido indultado.
La Sala de lo Militar, sin embargo, ha ratificado su expulsión de la Guardia Civil, ya que, "aunque actuó sin voluntad plena, conocía lo que hacía y quiso hacerlo".
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