Alejandro Inurrieta - 13/01/2010/CincoDias.com
El crédito político y económico de un país se mide, entre otros factores, por la seguridad jurídica que atesora, su calidad democrática, y la justicia y equidad social. En este sentido, las últimas decisiones tomadas por el presidente Chávez han alejado a este país de estos principios.
En particular, la decisión económica de devaluar su moneda, algo que todos los analistas económicos recomendaban y parece una decisión acertada y soberana, se ha visto empañada por sus consignas antiinflacionistas que rayan en la irracionalidad.
El concepto de devaluación competitiva es algo que ha sido utilizado por numerosos países en la historia económica reciente. España lo puso en práctica, casi hasta al entrada en vigor del euro y durante la época de la serpiente monetaria en Europa hubo frecuentes episodios de este tipo, que no fueron contestados, por lo que tampoco debe hacerse en este caso. Hay un ejemplo de país que está jugando con su moneda, como es China, sin que, salvo algunas tibias críticas en EE UU, nadie pueda poner en duda el derecho que tiene dicho país a defender su economía. Sin embargo, China es un régimen que adolece de un principio básico democrático, como es la libre elección de sus dirigentes políticos, ausencia de derechos civiles mínimos, y una gran injusticia social en el reparto de la renta. Es decir, no cumple ninguno de los principios que deberían otorgarle crédito político y económico a la hora de realizar inversiones o desarrollar empresas conjuntas, y sin embargo lo tiene y creciente.
El problema que ha surgido con Venezuela, más interno que externo, es que el anuncio de dicha devaluación ha provocado un estallido interno, alimentado por las amenazas confiscatorias, que claramente van a empobrecer aún más a la sociedad bolivariana. No hay que olvidar que quien se va a beneficiar más de la devaluación va a ser la industria petrolera, aunque también mejorará la balanza fiscal, en una coyuntura de estanflación, o lo que es lo mismo recesión con inflación.
Los efectos colaterales pueden afectar a aquellas empresas multinacionales que operen en el país y que pretendan repatriar beneficios, o acometer inversiones. Para la mayoría de éstas, que operan en dólares, el efecto final será pequeño o nulo en lo económico, pero falta saber si se les permitirá repatriar los beneficios, que sí se contabilizan y se valoran en divisa local. Toda la contabilidad, y por tanto el valor del fondo de comercio, queda desvirtuado, lo cual en una economía con ciertos controles de capital, va a suponer pérdidas latentes que habrá que provisionar.
Aquí es donde verdaderamente se juega la bondad o maldad de las ventajas comparativas que exponía Ricardo y también lo beneficioso del comercio internacional para el buen funcionamiento de la economía internacional. Si nos creemos que las empresas que se han instalado en Venezuela o en cualquier otro país, responden al principio de ventajas comparativas, cualquier traba a la instalación o desarrollo de las mismas es perjudicial. Es decir, si el bienestar que aportan es superior al coste que supone la pérdida de riqueza para dicho país, en materia de recursos naturales o infraestructuras en sectores clave, las actitudes que obstaculizan esta actividad están perjudicando a la sociedad en general. Si también nos creemos que la libertad de comercio genera prosperidad, también es una mala praxis el obstáculo al mismo, aunque eso lo hacen igual países muy democráticos como EE UU, Francia o el Reino Unido, donde las empresas españolas también sufren ataques a su seguridad jurídica.
Por otro lado, la ausencia de una gobernanza económica mundial y la no penalización de los movimientos especulativos de divisas, obligan a ciertos países a controlar sus movimientos de capital, ante el riesgo de inflación, lo cual es conocido por las empresas que operan en estos mercados, y cuyos resultados a la luz de sus beneficios, parece que no les afecta.
En resumen, Venezuela ha ejercido su soberanía monetaria para devaluar su divisa, ante la evolución del dólar estaba perdiendo muchos ingresos, pero ha manchado su crédito político y económico, amenazando y empobreciendo aún más a una sociedad, que sí ha avanzado en algunas conquistas sociales históricas, como el derecho a la salud o a la educación. La clave para las empresas españolas es evaluar sus pérdidas contables y esperar a ver si les es posible repatriar beneficios. Hasta ahora, la experiencia ha sido positiva para ellas, pero no se sabe si lo ha sido para el país de destino. En cada episodio de estos resurge el mismo tema: ¿para cuándo una gobernanza económica mundial que desincentive la especulación con divisas y procure que el comercio internacional y las ventajas comparativas se reflejen en las sociedades menos favorecidas?
Alejandro Inurrieta. Economista y Concejal del Grupo Municipal Socialista en madrid
El crédito político y económico de un país se mide, entre otros factores, por la seguridad jurídica que atesora, su calidad democrática, y la justicia y equidad social. En este sentido, las últimas decisiones tomadas por el presidente Chávez han alejado a este país de estos principios.
En particular, la decisión económica de devaluar su moneda, algo que todos los analistas económicos recomendaban y parece una decisión acertada y soberana, se ha visto empañada por sus consignas antiinflacionistas que rayan en la irracionalidad.
El concepto de devaluación competitiva es algo que ha sido utilizado por numerosos países en la historia económica reciente. España lo puso en práctica, casi hasta al entrada en vigor del euro y durante la época de la serpiente monetaria en Europa hubo frecuentes episodios de este tipo, que no fueron contestados, por lo que tampoco debe hacerse en este caso. Hay un ejemplo de país que está jugando con su moneda, como es China, sin que, salvo algunas tibias críticas en EE UU, nadie pueda poner en duda el derecho que tiene dicho país a defender su economía. Sin embargo, China es un régimen que adolece de un principio básico democrático, como es la libre elección de sus dirigentes políticos, ausencia de derechos civiles mínimos, y una gran injusticia social en el reparto de la renta. Es decir, no cumple ninguno de los principios que deberían otorgarle crédito político y económico a la hora de realizar inversiones o desarrollar empresas conjuntas, y sin embargo lo tiene y creciente.
El problema que ha surgido con Venezuela, más interno que externo, es que el anuncio de dicha devaluación ha provocado un estallido interno, alimentado por las amenazas confiscatorias, que claramente van a empobrecer aún más a la sociedad bolivariana. No hay que olvidar que quien se va a beneficiar más de la devaluación va a ser la industria petrolera, aunque también mejorará la balanza fiscal, en una coyuntura de estanflación, o lo que es lo mismo recesión con inflación.
Los efectos colaterales pueden afectar a aquellas empresas multinacionales que operen en el país y que pretendan repatriar beneficios, o acometer inversiones. Para la mayoría de éstas, que operan en dólares, el efecto final será pequeño o nulo en lo económico, pero falta saber si se les permitirá repatriar los beneficios, que sí se contabilizan y se valoran en divisa local. Toda la contabilidad, y por tanto el valor del fondo de comercio, queda desvirtuado, lo cual en una economía con ciertos controles de capital, va a suponer pérdidas latentes que habrá que provisionar.
Aquí es donde verdaderamente se juega la bondad o maldad de las ventajas comparativas que exponía Ricardo y también lo beneficioso del comercio internacional para el buen funcionamiento de la economía internacional. Si nos creemos que las empresas que se han instalado en Venezuela o en cualquier otro país, responden al principio de ventajas comparativas, cualquier traba a la instalación o desarrollo de las mismas es perjudicial. Es decir, si el bienestar que aportan es superior al coste que supone la pérdida de riqueza para dicho país, en materia de recursos naturales o infraestructuras en sectores clave, las actitudes que obstaculizan esta actividad están perjudicando a la sociedad en general. Si también nos creemos que la libertad de comercio genera prosperidad, también es una mala praxis el obstáculo al mismo, aunque eso lo hacen igual países muy democráticos como EE UU, Francia o el Reino Unido, donde las empresas españolas también sufren ataques a su seguridad jurídica.
Por otro lado, la ausencia de una gobernanza económica mundial y la no penalización de los movimientos especulativos de divisas, obligan a ciertos países a controlar sus movimientos de capital, ante el riesgo de inflación, lo cual es conocido por las empresas que operan en estos mercados, y cuyos resultados a la luz de sus beneficios, parece que no les afecta.
En resumen, Venezuela ha ejercido su soberanía monetaria para devaluar su divisa, ante la evolución del dólar estaba perdiendo muchos ingresos, pero ha manchado su crédito político y económico, amenazando y empobreciendo aún más a una sociedad, que sí ha avanzado en algunas conquistas sociales históricas, como el derecho a la salud o a la educación. La clave para las empresas españolas es evaluar sus pérdidas contables y esperar a ver si les es posible repatriar beneficios. Hasta ahora, la experiencia ha sido positiva para ellas, pero no se sabe si lo ha sido para el país de destino. En cada episodio de estos resurge el mismo tema: ¿para cuándo una gobernanza económica mundial que desincentive la especulación con divisas y procure que el comercio internacional y las ventajas comparativas se reflejen en las sociedades menos favorecidas?
Alejandro Inurrieta. Economista y Concejal del Grupo Municipal Socialista en madrid
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