El Gobierno podrá utilizar parte del préstamo de 100.000 millones para comprar deuda
BRUSELAS, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Economía de la eurozona celebrarán este viernes una conferencia telefónica para aprobar el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros para España y el memorándum con las condiciones de la ayuda, tras recibir el visto bueno final de los parlamentos alemán y finlandés. El primer tramo de ayuda, de 30.000 millones de euros, estará disponible así a finales de julio.
España podrá destinar parte de los 100.000 millones de euros a comprar deuda con el fin de rebajar la prima de riesgo o a una línea de crédito preventiva para financiar al Estado. No obstante, necesitará la autorización del Eurogrupo, que podría imponer nuevas condiciones a cambio de la ayuda, según consta en el contrato que firmará el fondo de rescate con el Estado español, que ha sido filtrado por el parlamento alemán.
La Comisión Europea ha asegurado que, en cualquier caso, el principal destinatario de la ayuda es el sector bancario y que si España quiere que el fondo de rescate compre deuda debe realizar una nueva petición.
"Para ser muy claro, los 100.000 millones de euros que la eurozona se ha comprometido a proporcionar para la recapitalización del sector bancario español van destinados a este objetivo preciso y no a otros objetivos", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor.
El rescate bancario español es el único punto en el orden del día de la teleconferencia del Eurogrupo. La renegociación del rescate de Grecia y la ayuda solicitada por Chipre se dejan así para después del verano.
Las condiciones del préstamo para España ya fueron objeto de "acuerdo político" en la reunión de ministros de Economía de la eurozona del 9 de julio y se aprobarán sin cambios. El plazo de devolución será de media de 12 años y medio y el periodo de carencia de 10 años. El tipo de interés se situará en torno al 3%, según ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos.
El rescate se pagará en cuatro tramos a lo largo de 18 meses y dedicará 25.000 millones de euros para financiar el banco malo en el que las entidades que reciban ayuda deberán segregar sus activos inmobiliarios tóxicos. La ayuda podría paralizarse en cualquier momento si España no cumple las condiciones.
LIQUIDACIÓN DE BANCOS.
Para los bancos problemáticos, el memorándum pide su reestructuración o liquidación. Por ello, España deberá dar en las próximas semanas nuevos poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cerrar bancos.
Los accionistas y titulares de deuda subordinada y capital híbrido, como las preferentes, deberán asumir pérdidas. Sólo se salvan de este reparto de la carga depositantes y tenedores de bonos sénior. El Eurogrupo ha desoído así la recomendación del Banco Central Europeo, que ha cambiado de posición y pide ahora que los titulares de bonos también contribuyan.
Para el conjunto del sector financiero, la UE exige, entre otras cosas, aumentar al 9% el capital de todos los bancos, reforzar el poder del Banco de España en detrimento del ministerio de Economía o la renuncia de las cajas al control que ejercen sobre los bancos que se crearon a partir de ellas. La Comisión, el Banco Central Europeo y el FMI vigilarán que se cumplan las condiciones incluso con inspecciones sobre el terreno.
El memorándum recoge además las recomendaciones de política económica formuladas por la Comisión al Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo cumplimiento se controlará "en paralelo" al rescate bancario. Entre ellas se encuentra el cambio del sistema fiscal, la supresión de la deducción por vivienda o la aplicación de la reforma laboral.
RECAPITALIZACIÓN DIRECTA
El préstamo se canalizará a través del FROB, que será además el garante de la ayuda en representación del Estado español. Ello significa que durante el periodo inicial el rescate bancario computará como deuda pública.
Una vez que comience a funcionar el fondo de rescate permanente (MEDE), que se retrasa al menos hasta septiembre porque el Tribunal Constitucional alemán no se pronunciará hasta entonces sobre su legalidad, la ayuda se transferirá allí sin ganar prioridad respecto al resto de acreedores de España.
El contrato del préstamo recoge por primera vez claramente por escrito que España se beneficiará en el futuro de la recapitalización directa, es decir, que el préstamo dejará de contar como deuda y no tendrá que ser garantizado por el Estado. La condición previa es que se cree un supervisor bancario único en la UE, algo que los líderes europeos se han comprometido a poner en marcha a finales de año.
"Una vez que se apruebe la recapitalización directa para las instituciones financieras en España, bien se realizarán enmiendas a este contrato para poner en práctica ese acuerdo o este contrato será sustituido por otros que recojan la recapitalización directa de instituciones financieras", afirma el borrador.
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