Cuestión de prioridades

TRIBUNA LIBRE

"La posición de la consejera boicotea doblemente la Ley y actúa contra los intereses de los ciudadanos de la Comunidad, al dictado de los ideológicos del PP, que nunca ha creído en la Ley de la Dependencia, y el Gobierno regional, que ha ido a remolque en su implantación, ahora, sin embargo, es muy veloz en su desmantelamiento"

AMPARO MARZAL/ La Opinión

 La ley de Atención a la Dependencia y de la Autonomía Personal ha sido uno de los grandes logros en materia social del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Como sabemos, supuso el reconocimiento de un derecho a los ciudadanos que les garantizaba apoyos externos en caso de precisar atención y ayuda para realizar las tareas imprescindibles en su vida diaria. Este apoyo, que realizaban las familias y más específicamente las mujeres, suponía un importantísimo avance social en nuestro país. Significaba también un alto coste, pero con la aportación de todas las Administraciones priorizaba ampliar la red de servicios sociales y alcanzar niveles de atención que algunos países europeos ya poseían. En 2006, fecha de la aprobación de la Ley, sólo el 6% de los ciudadanos que precisaban estas ayudas disponían de un servicio adecuado para atenderles en sus necesidades cotidianas. La Ley de Dependencia generalizaba el derecho de todos los ciudadanos españoles a esta atención, en fases sucesivas dependiendo de su grado de dependencia, y también de acuerdo con sus niveles de renta. Esta es la herencia recibida por el Gobierno de Rajoy.

Dentro de la Ley se contemplaba la posibilidad de que las personas dependientes fueran atendidas por ´cuidadores familiares´, personas de su entorno que percibirían una cantidad a modo de ayuda, que serían dadas de alta en la Seguridad Social y que verían reconocido de este modo el trabajo que desarrollaban (mujeres en su mayoría) en la atención a sus familiares. El, o mejor, la ´cuidadora familiar´ era una posibilidad que se contemplaba como excepción en la Ley, ya que ésta apostaba en primer lugar por los servicios externos, es decir, residencias, centros de día, etc., considerando que esto beneficiaba, entre otros, a: 1) la atención por profesionales; 2) el empleo de profesionales de atención socio-sanitaria; 3) la construcción de infraestructuras de atención a dependientes; 4) el empleo de profesionales de este campo, que ya empezaba a verse afectado por la crisis del ladrillo... Este es el modelo del Gobierno socialista, y en estos términos se aprobó la Ley.

A la hora de ponerla en marcha, algunas Comunidades autónomas se mostraron reticentes, entre ellas la Región de Murcia, y optaron por la vía de los apoyos a través de los cuidadores familiares, aun sabiendo que era una vía excepcional, y a pesar de que podían haber impulsado, precisamente en nuestra Región, la construcción de infraestructuras de atención a personas dependientes. De este modo, la Comunidad Autónoma tenía en marzo de 2012 un altísimo porcentaje de cuidadores familiares como forma de apoyo a las personas dependientes, la segunda Comunidad autónoma con más cuidadores familiares de toda España, solo por detrás de Baleares. (El 66% de las ayudas a dependientes eran de cuidadores familiares).

A pesar de haber optado por esta vía excepcional de modo mayoritario, es la Región de Murcia precisamente la que plantea en el Consejo Territorial de la Dependencia el pasado abril el recorte de las ayudas a los cuidadores familiares, que ahora se ha materializado. Es decir, la consejera hace de proponente de unas medidas que van a perjudicar especialmente a los muchos cuidadores y cuidadoras familiares que tiene su propia Región. Esto significa boicotear doblemente la Ley y actuar contra los intereses de los ciudadanos de la Comunidad, al dictado de los intereses ideológicos del Partido Popular, que nunca ha creído en la Ley de la Dependencia, y el Gobierno regional, que ha ido a remolque en su implantación, ahora, sin embargo, es muy veloz en su desmantelamiento.

Esto pone de manifiesto que las prioridades del Gobierno de Valcárcel no están en la atención a las personas dependientes, ni en el reconocimiento de sus derechos; ni tampoco están en favorecer el empleo de las mujeres a cargo de familiares dependientes, sus principales cuidadoras; ni en la creación de puestos de trabajo vinculados a la construcción de infraestructuras de asistencia a dependientes, a pesar de ser una región con un altísimo nivel de paro en este sector. Tampoco están sus prioridades en que, con la generación de estos empleos, se favorezcan los ingresos a la Seguridad Social, o un posible mayor consumo, en una cadena de tendencia negativa que no beneficia al desarrollo de nuestra Región.

Somos conscientes de que la situación económica es muy difícil, pero el Gobierno de Valcárcel, si realmente se preocupase de los murcianos que necesitan su ayuda, debería establecer como línea prioritaria la atención a las personas dependientes, corrigiendo los recortes establecidos por el Gobierno de Rajoy, como están haciendo algunas Comunidades autónomas, y no promoviendo activamente la liquidación del Sistema de Atención a la Dependencia.

Esta es la herencia que dejarán Rajoy y Valcárcel a nuestra Región.