Francisco S., vecino de Las Torres de Cotillas, se encarga de tramitar los expedientes para obtener la nacionalidad
05.03.10 - 01:02 -
R. FERNÁNDEZ/ A. NEGRE MURCIA. / La Verdad
05.03.10 - 01:02 -
R. FERNÁNDEZ/ A. NEGRE MURCIA. / La Verdad
Un funcionario del Registro Civil de Murcia fue detenido en la mañana de ayer por la Policía Nacional acusado, presuntamente, de pedir sexo a mujeres inmigrantes a cambio de la tramitación de sus papeles. Francisco S., vecino de Las Torres de Cotillas, tiene el rango de oficial y es el encargado de la tramitación de expedientes de nacionalidad en las oficinas de la capital. Está previsto que pase hoy a disposición judicial por un presunto delito contra la Administración Pública y otro contra la libertad sexual.
La comisión judicial, encabezada por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Mirian Marín -que ordenó la detención- y el secretario judicial llegó a las dependencias del Registro Civil -sitas en la avenida Teniente Montesinos de Espinardo- sobre las diez de la mañana. Lo hizo acompañada por miembros de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional y con el objetivo de hacer un registro.
A primera hora de la mañana, la juez que dirige la instrucción ya había puesto en conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya, además del decano de los jueces de Murcia y el magistrado titular del Registro Civil, el auto de entrada y registro en las dependencias del registro. El funcionario fue detenido poco después y trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional a la espera de su puesta a disposición judicial, prevista para la jornada de hoy.
Según fuentes cercanas al caso, la investigación se podría haber iniciado a raíz de la denuncia de varias mujeres inmigrantes que acudieron a las oficinas para tramitar su nacionalidad. Al parecer, el detenido podría haber solicitado favores sexuales a estas mujeres a cambio de una agilización en el papeleo. Las actuaciones, por el momento, se encuentran bajo secreto de sumario.
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía informaron ayer de que las investigaciones continúan tras la realización del registro en la sede del Registro Civil y a la vista de la documentación incautada.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, tras conocer ayer las actuaciones desarrolladas quiso señalar, «con absoluto respeto a la presunción de inocencia y a la actuación del órgano que ha asumido la instrucción», la obligación de «velar por el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública y el correcto ejercicio de la función pública por el personal al servicio de la Administración de Justicia».
La comisión judicial, encabezada por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Mirian Marín -que ordenó la detención- y el secretario judicial llegó a las dependencias del Registro Civil -sitas en la avenida Teniente Montesinos de Espinardo- sobre las diez de la mañana. Lo hizo acompañada por miembros de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional y con el objetivo de hacer un registro.
A primera hora de la mañana, la juez que dirige la instrucción ya había puesto en conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya, además del decano de los jueces de Murcia y el magistrado titular del Registro Civil, el auto de entrada y registro en las dependencias del registro. El funcionario fue detenido poco después y trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional a la espera de su puesta a disposición judicial, prevista para la jornada de hoy.
Según fuentes cercanas al caso, la investigación se podría haber iniciado a raíz de la denuncia de varias mujeres inmigrantes que acudieron a las oficinas para tramitar su nacionalidad. Al parecer, el detenido podría haber solicitado favores sexuales a estas mujeres a cambio de una agilización en el papeleo. Las actuaciones, por el momento, se encuentran bajo secreto de sumario.
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía informaron ayer de que las investigaciones continúan tras la realización del registro en la sede del Registro Civil y a la vista de la documentación incautada.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, tras conocer ayer las actuaciones desarrolladas quiso señalar, «con absoluto respeto a la presunción de inocencia y a la actuación del órgano que ha asumido la instrucción», la obligación de «velar por el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública y el correcto ejercicio de la función pública por el personal al servicio de la Administración de Justicia».
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