Se investiga por presunta responsabilidad contableLUIS R. AIZPEOLEA - Madrid - 29/03/2010 / El País.com/ Foto Google
El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar al ex presidente del Gobierno José María Aznar por presunta "responsabilidad contable" por el gasto de 2,3 millones de euros destinado a promocionar la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos para el propio ex presidente, aprobado por un Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, cuando gobernaba el PP. El auto del Tribunal de Cuentas precisa que la "responsabilidad contable" puede derivarse de "la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida".
El Tribunal de Cuentas tratará de aclarar la cantidad que efectivamente pagó el Gobierno de Aznar a un lobby de Washington, Piper Rudnick, para lograr ese objetivo, si la contratación se efectuó de acuerdo con la ley y que, en caso contrario, se obligue a los presuntos responsables a devolver el dinero al tesoro público.
El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 con el fin de contratar los servicios del despacho de abogados estadounidense, Piper Rudnick. El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia porque, según el Ejecutivo de Aznar, se justificaba para "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con Estados Unidos".
El contrato se gestionó de manera opaca, sin publicidad y sin concurso. La decisión del Consejo de Ministros no figuró en el BOE.
El auto del Tribunal de Cuentas, instruido por el consejero Felipe García Ortiz, precisa que de la documentación conocida "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato".
El auto precisa el alcance de la investigación: "Sería conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato. Es decir, resulta necesario verificar, para comprobar adecuadamente si los servicios efectivamente se prestaron o no, y si se prestaron finalmente, para aclarar si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública, debidamente justificada, todo ello, puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto".
El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 con el fin de contratar los servicios del despacho de abogados estadounidense, Piper Rudnick. El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia porque, según el Ejecutivo de Aznar, se justificaba para "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con Estados Unidos".
El contrato se gestionó de manera opaca, sin publicidad y sin concurso. La decisión del Consejo de Ministros no figuró en el BOE.
El auto del Tribunal de Cuentas, instruido por el consejero Felipe García Ortiz, precisa que de la documentación conocida "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato".
El auto precisa el alcance de la investigación: "Sería conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato. Es decir, resulta necesario verificar, para comprobar adecuadamente si los servicios efectivamente se prestaron o no, y si se prestaron finalmente, para aclarar si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública, debidamente justificada, todo ello, puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto".
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