Declara en la Asamblea que el caso Emasce está basado en «verdades tendenciosas»El PSOE reclama una auditoría e IU solicita que aclare las supuestas irregularidades
J. MOLLEJO CARTAGENA / la Verdad
El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, cuya afición a los cuentos es pública, trató ayer en su comparecencia en la Asamblea Regional de revestir de legalidad y justificar todos los contratos suscritos por su departamento con la sociedad Emasce, a pesar de admitir y confirmar gran parte de las informaciones publicadas por La Verdad sobre este caso.
La comparecencia del consejero, solicitada en primer lugar la pasada semana por PSOE e IU y luego por él, había suscitado cierto interés político, dadas las supuestas irregularidades y defectos administrativos cometidos por su Consejería en la tramitación de varios proyectos culturales.
Cruz, arropado por toda la cúpula directiva de su departamento, comenzó su intervención con una retahíla de descalificaciones para referirse a las informaciones de La Verdad. «Ficción», «falsedad», «perversión de la realidad», «verdades tendenciosas y de laboratorio», fueron algunas de las expresiones empleadas por el consejero.
Sin embargo, cuando se centró en los contratos suscritos con Emasce se limitó a ofrecer una relación de fechas y explicaciones, concatenados de forma que dieran la apariencia de «que no se ha cometido ninguna irregularidad».
«Efervescencia cultural»
Explicó, por ejemplo, que su departamento encargó a Vanessa-Sara Salvo, administradora de Emasce, el 25 de septiembre de 2008 la organización de la presentación de la revista Cool-Tura, un día antes de que tuviera lugar dicho evento y cuando esta sociedad aún no estaba inscrita en el Registro Mercantil. Pero, para salvar la supuesta irregularidad, precisó que dicho encargó fue a título personal, a pesar de reconocer que la factura por dicho acto se expidió y abonó a Emasce y no a Salvo.
También reconoció la vinculación de la Consejería con Miguel Tébar, el otro socio de Emasce, pero recalcó que se trataba sólo de «un colaborador puntual».
Por vez primera aludió en público al concierto de la Sala Caracol, de Madrid, celebrado el pasado 29 de enero y también contratado con Emasce, para explicar que la factura ascendió a 17.875 euros, por lo que no vulneró la ley que obliga a convocar un concurso público si el contrato excede los 18.000 euros. Pero no hizo referencia a que el presupuesto para este acto cerrado con Emasce y firmado por la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura superaba los 20.000 euros, según la copia del mismo que posee La Verdad.
«Ningún factura fue fraccionada» y «ningún contrato requería concurso público», afirmó, al tiempo que negó que su asesora, Isabel Durante, forme parte de la sociedad Emasce, a pesar de las evidencias que en sentido contrario existen en los correos electrónicos que Durante intercambió con Tébar y Salvo durante el periodo de creación de la sociedad y consecución de los contratos públicos.
Consciente de que el contenido de dichos correos electrónicos no le favorece en nada, Cruz se empeñó en desacreditarlos, al calificarlos de «información parcial, sesgada, basada en fuentes no contrastadas y en datos extraídos por medios ilícitos de un correo».
Una parte de sus invectivas las reservó para la oposición, a la que acusó de «tener un mínimo interés por la cultura» y a la que advirtió de que no va a «aceptar ninguna estrategia de presión de nadie».
Para dulcificar su alocución, aún tuvo tiempo de realzar su propia gestión, que no sólo definió como «un cuadro de claridad y transparencia», sino que afirmó que gracias a ella «la Región de Murcia vive el mejor momento de efervescencia cultural de toda su historia». «Seguiré como hasta ahora», proclamó. No satisfecho con estas palabras, en su turno de réplica a la oposición llegó declarar que las críticas del PSOE e IU se debían a que «es la primera vez que la cultura ya no es patrimonio de ustedes; se la hemos arrebatado para entregársela a los ciudadanos».
No les convenció
Ninguna de las explicaciones del consejero convencieron a la oposición. Begoña García Retegui, viceportavoz del PSOE, le exigió explicaciones de «las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en los propios documentos que usted ha facilitado», y tildó la gestión del consejero de «una mezcla de confusión, desbarajuste y un cúmulo de errores de bulto».
La diputada socialista argumentó que ni la Consejería podía legalmente contratar con Emasce cuando no estaba registrada, ni Murcia Cultural debió pagarle varias facturas, ya que los servicios prestados no dependían de esta sociedad pública. Pidió a Cruz que, si tan seguro estaba de la legalidad de todas sus contrataciones, enviará todos los expedientes al Consejero Jurídico para que los examine y audite. El diputado de IU, José Antonio Pujante, solicitó también una comisión de investigación, además del cese de la asesora del consejero, pero ninguna de estas demandas fueron aceptadas por el titular de Cultura.
Ambos diputados censuraron también el «despilfarro» de la Consejería, en la que «todo nos acaba costando el doble que en cualquier otra comunidad», señaló García Retegui.
La comparecencia del consejero, solicitada en primer lugar la pasada semana por PSOE e IU y luego por él, había suscitado cierto interés político, dadas las supuestas irregularidades y defectos administrativos cometidos por su Consejería en la tramitación de varios proyectos culturales.
Cruz, arropado por toda la cúpula directiva de su departamento, comenzó su intervención con una retahíla de descalificaciones para referirse a las informaciones de La Verdad. «Ficción», «falsedad», «perversión de la realidad», «verdades tendenciosas y de laboratorio», fueron algunas de las expresiones empleadas por el consejero.
Sin embargo, cuando se centró en los contratos suscritos con Emasce se limitó a ofrecer una relación de fechas y explicaciones, concatenados de forma que dieran la apariencia de «que no se ha cometido ninguna irregularidad».
«Efervescencia cultural»
Explicó, por ejemplo, que su departamento encargó a Vanessa-Sara Salvo, administradora de Emasce, el 25 de septiembre de 2008 la organización de la presentación de la revista Cool-Tura, un día antes de que tuviera lugar dicho evento y cuando esta sociedad aún no estaba inscrita en el Registro Mercantil. Pero, para salvar la supuesta irregularidad, precisó que dicho encargó fue a título personal, a pesar de reconocer que la factura por dicho acto se expidió y abonó a Emasce y no a Salvo.
También reconoció la vinculación de la Consejería con Miguel Tébar, el otro socio de Emasce, pero recalcó que se trataba sólo de «un colaborador puntual».
Por vez primera aludió en público al concierto de la Sala Caracol, de Madrid, celebrado el pasado 29 de enero y también contratado con Emasce, para explicar que la factura ascendió a 17.875 euros, por lo que no vulneró la ley que obliga a convocar un concurso público si el contrato excede los 18.000 euros. Pero no hizo referencia a que el presupuesto para este acto cerrado con Emasce y firmado por la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura superaba los 20.000 euros, según la copia del mismo que posee La Verdad.
«Ningún factura fue fraccionada» y «ningún contrato requería concurso público», afirmó, al tiempo que negó que su asesora, Isabel Durante, forme parte de la sociedad Emasce, a pesar de las evidencias que en sentido contrario existen en los correos electrónicos que Durante intercambió con Tébar y Salvo durante el periodo de creación de la sociedad y consecución de los contratos públicos.
Consciente de que el contenido de dichos correos electrónicos no le favorece en nada, Cruz se empeñó en desacreditarlos, al calificarlos de «información parcial, sesgada, basada en fuentes no contrastadas y en datos extraídos por medios ilícitos de un correo».
Una parte de sus invectivas las reservó para la oposición, a la que acusó de «tener un mínimo interés por la cultura» y a la que advirtió de que no va a «aceptar ninguna estrategia de presión de nadie».
Para dulcificar su alocución, aún tuvo tiempo de realzar su propia gestión, que no sólo definió como «un cuadro de claridad y transparencia», sino que afirmó que gracias a ella «la Región de Murcia vive el mejor momento de efervescencia cultural de toda su historia». «Seguiré como hasta ahora», proclamó. No satisfecho con estas palabras, en su turno de réplica a la oposición llegó declarar que las críticas del PSOE e IU se debían a que «es la primera vez que la cultura ya no es patrimonio de ustedes; se la hemos arrebatado para entregársela a los ciudadanos».
No les convenció
Ninguna de las explicaciones del consejero convencieron a la oposición. Begoña García Retegui, viceportavoz del PSOE, le exigió explicaciones de «las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en los propios documentos que usted ha facilitado», y tildó la gestión del consejero de «una mezcla de confusión, desbarajuste y un cúmulo de errores de bulto».
La diputada socialista argumentó que ni la Consejería podía legalmente contratar con Emasce cuando no estaba registrada, ni Murcia Cultural debió pagarle varias facturas, ya que los servicios prestados no dependían de esta sociedad pública. Pidió a Cruz que, si tan seguro estaba de la legalidad de todas sus contrataciones, enviará todos los expedientes al Consejero Jurídico para que los examine y audite. El diputado de IU, José Antonio Pujante, solicitó también una comisión de investigación, además del cese de la asesora del consejero, pero ninguna de estas demandas fueron aceptadas por el titular de Cultura.
Ambos diputados censuraron también el «despilfarro» de la Consejería, en la que «todo nos acaba costando el doble que en cualquier otra comunidad», señaló García Retegui.
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