05.06.10 - 00:40 -
MANUEL BUITRAGO mbuitrago@laverdad.es MURCIA.
El proyecto de Tomás Maestre lleva 35 años de polémicas. La pelota vuelve al tejado del Gobierno regional con la sentencia del TSJ
Puerto Mayor nació para agrandar Puerto Menor, con aeropuerto incluido
Tomás Maestre Aznar, uno de los padres de La Manga, para bien o para mal, es un litigante nato, sobre todo si tiene enfrente a la Administración. Puerto Mayor fue una concesión que aprobó un Consejo de Ministros de 1975 cuando en España y parte del extranjero había escaso miramiento hacia el impacto medioambiental de las grandes obras. Desde entonces, el puerto deportivo de invernada con 950 puntos de amarre sigue dando tumbos en los despachos oficiales y en los ámbitos judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia hacia el Supremo, y viceversa. La sentencia del alto tribunal murciano, obligando al Gobierno regional a revisar dos actos administrativos que favorecieron esta inversión, es un hito más en esta larga historia en la que aún falta por conocer su desenlace.
Van 35 años, y los que quedan, ya que alguna de las tres partes en litigio -Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad Autónoma y empresas de Maestre- recurrirá al Tribunal Supremo, disconforme con este fallo que afecta más a la forma que al fondo de la cuestión, y que se resume en si se tuvo o no en cuenta un informe contrario al proyecto de la Dirección General de Costas. Todo el daño que podía sufrir el Mar Menor ya se lo propinó hace años el canal del Estacio, según opinión casi unánime, por lo que el añadido de Puerto Mayor resulta sobrevenido y ahonda -al menos no ayuda- en las penurias de la laguna. Pero ésta es otra película, ya que el TSJ ha soslayado el debate medioambiental para centrarse en una disputa formal entre administraciones, que sin embargo no está exenta de una colisión política entre dos visiones del mundo. Cristina Narbona, coincidiendo con una sonada protesta de Greenpeace y Anse por tierra, mar y aire, denunció al Gobierno de Valcárcel para exigirle que paralizara el nuevo puerto. (Su sucesora, Elena Espinosa, ni se habría molestado en meterse en este charco). El Gobierno murciano, a su vez, se ha mantenido en sus trece negándose a cambiar sus actos administrativos y defendiendo su validez, a la vez que postula la necesidad de una nueva dársena en esa zona para atender la demanda comercial de puntos de atraque y aliviar de barcos el interior de la laguna.
El tercero en discordia, las empresas de Tomás Maestre, 'dispara' contra todo casi desde el alumbramientos del proyecto, que según los planes iniciales debía estar terminado en el verano de 1982. Empezó pidiendo prórrogas y siguió introduciendo cambios y modificaciones: Desapareció el aeropuerto y cambió de forma sustancial la distribución de los muelles de la dársena, por ejemplo. Recurrió después las medidas cautelares dictadas por el TSJ, que le permitían y permiten terminar el puerto, ya que la sentencia no es firme. En los tres últimos años no ha movido un ladrillo, aunque podía hacerlo, quizás porque quiere el lote completo o quizás porque la crisis ha hundido el mercado para ese mundo de alto standing que iba a rebrotar al abrigo del Estacio.
Entre medias, la Comisión Europea denunció que las obras de Puerto Mayor habían incumplido dos directivas y ponían en peligro el Mar Menor.
El reflejo marbellí
Puerto Mayor se ideó como un complemento de Puerto Menor, situado al otro lado del brazo de tierra y que lleva el nombre de Tomás Maestre. Esta dársena, que ha sido una de las semillas del desarrollismo manguero, ha simpatizado con Puerto Banús Banús, queriendo en cierta forma imitar el emporio marbellí. Tanto es así que el hermano mayor -Puerto Mayor- proyectó inicialmente una pista aérea paralela al contradique del puerto, además de una urbanización y otros equipamientos de ocio sobre terrenos ganados al mar, que no implicaban la cesión del dominio ocupado. Una prevención nada inocente para la Ley de Costas que vino después, que no aceptó ese contrato.
Después de seis años en el Tribunal Superior de Justicia, el asunto ha vuelto donde estaba: la pelota regresa al tejado del Gobierno regional, que es el que debe mover ficha como parte perdedora. Puede acatar el fallo y empezar a revisar las resoluciones de los años 1988 y 2003 que favorecieron el proyecto en dos momentos decisivos, o por el contrario puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. En el primer caso, el Ejecutivo autonómico puede concluir que hay muy poco o nada que corregir, por lo que la dársena se puede terminar, lo que podría dar pie al Ministerio a presentar otro recursos contencioso administrativo, y vuelta a empezar.
Manteniendo la tónica de los último años, está descartado que la Comunidad Autónoma abogue por dinamitar lo construido
MANUEL BUITRAGO mbuitrago@laverdad.es MURCIA.
El proyecto de Tomás Maestre lleva 35 años de polémicas. La pelota vuelve al tejado del Gobierno regional con la sentencia del TSJ
Puerto Mayor nació para agrandar Puerto Menor, con aeropuerto incluido
Tomás Maestre Aznar, uno de los padres de La Manga, para bien o para mal, es un litigante nato, sobre todo si tiene enfrente a la Administración. Puerto Mayor fue una concesión que aprobó un Consejo de Ministros de 1975 cuando en España y parte del extranjero había escaso miramiento hacia el impacto medioambiental de las grandes obras. Desde entonces, el puerto deportivo de invernada con 950 puntos de amarre sigue dando tumbos en los despachos oficiales y en los ámbitos judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia hacia el Supremo, y viceversa. La sentencia del alto tribunal murciano, obligando al Gobierno regional a revisar dos actos administrativos que favorecieron esta inversión, es un hito más en esta larga historia en la que aún falta por conocer su desenlace.
Van 35 años, y los que quedan, ya que alguna de las tres partes en litigio -Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad Autónoma y empresas de Maestre- recurrirá al Tribunal Supremo, disconforme con este fallo que afecta más a la forma que al fondo de la cuestión, y que se resume en si se tuvo o no en cuenta un informe contrario al proyecto de la Dirección General de Costas. Todo el daño que podía sufrir el Mar Menor ya se lo propinó hace años el canal del Estacio, según opinión casi unánime, por lo que el añadido de Puerto Mayor resulta sobrevenido y ahonda -al menos no ayuda- en las penurias de la laguna. Pero ésta es otra película, ya que el TSJ ha soslayado el debate medioambiental para centrarse en una disputa formal entre administraciones, que sin embargo no está exenta de una colisión política entre dos visiones del mundo. Cristina Narbona, coincidiendo con una sonada protesta de Greenpeace y Anse por tierra, mar y aire, denunció al Gobierno de Valcárcel para exigirle que paralizara el nuevo puerto. (Su sucesora, Elena Espinosa, ni se habría molestado en meterse en este charco). El Gobierno murciano, a su vez, se ha mantenido en sus trece negándose a cambiar sus actos administrativos y defendiendo su validez, a la vez que postula la necesidad de una nueva dársena en esa zona para atender la demanda comercial de puntos de atraque y aliviar de barcos el interior de la laguna.
El tercero en discordia, las empresas de Tomás Maestre, 'dispara' contra todo casi desde el alumbramientos del proyecto, que según los planes iniciales debía estar terminado en el verano de 1982. Empezó pidiendo prórrogas y siguió introduciendo cambios y modificaciones: Desapareció el aeropuerto y cambió de forma sustancial la distribución de los muelles de la dársena, por ejemplo. Recurrió después las medidas cautelares dictadas por el TSJ, que le permitían y permiten terminar el puerto, ya que la sentencia no es firme. En los tres últimos años no ha movido un ladrillo, aunque podía hacerlo, quizás porque quiere el lote completo o quizás porque la crisis ha hundido el mercado para ese mundo de alto standing que iba a rebrotar al abrigo del Estacio.
Entre medias, la Comisión Europea denunció que las obras de Puerto Mayor habían incumplido dos directivas y ponían en peligro el Mar Menor.
El reflejo marbellí
Puerto Mayor se ideó como un complemento de Puerto Menor, situado al otro lado del brazo de tierra y que lleva el nombre de Tomás Maestre. Esta dársena, que ha sido una de las semillas del desarrollismo manguero, ha simpatizado con Puerto Banús Banús, queriendo en cierta forma imitar el emporio marbellí. Tanto es así que el hermano mayor -Puerto Mayor- proyectó inicialmente una pista aérea paralela al contradique del puerto, además de una urbanización y otros equipamientos de ocio sobre terrenos ganados al mar, que no implicaban la cesión del dominio ocupado. Una prevención nada inocente para la Ley de Costas que vino después, que no aceptó ese contrato.
Después de seis años en el Tribunal Superior de Justicia, el asunto ha vuelto donde estaba: la pelota regresa al tejado del Gobierno regional, que es el que debe mover ficha como parte perdedora. Puede acatar el fallo y empezar a revisar las resoluciones de los años 1988 y 2003 que favorecieron el proyecto en dos momentos decisivos, o por el contrario puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. En el primer caso, el Ejecutivo autonómico puede concluir que hay muy poco o nada que corregir, por lo que la dársena se puede terminar, lo que podría dar pie al Ministerio a presentar otro recursos contencioso administrativo, y vuelta a empezar.
Manteniendo la tónica de los último años, está descartado que la Comunidad Autónoma abogue por dinamitar lo construido
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