ENTREVISTA: La polémica de la Ley de Costas JUAN CARLOS MARTÍN FRAGUEIRO Secretario general del Mar Juan Carlos Martín Fragueiro no podía imaginarse hace dos años que hoy podría recorrer a placer los chiringuitos -"ni se me pasaba por la cabeza", admite-. Este economista gallego era el secretario general del Mar y tras la integración de Medio Ambiente en Agricultura pasó también a aplicar la polémica Ley de Costas.
El retraso en la ley eleva de 60 a 80 años el uso privado de la playa
"La prioridad es el empleo, no comprar terreno en el litoral para preservarlo"
"La presidencia checa de la UE nos hizo explicar la ley a todos los miembros"
Pregunta. ¿Han rebajado la política de Costas?
Respuesta. Sigue la misma política. Tenemos deslindado el 87% de la costa. El objetivo es llegar al 100% esta legislatura.
P. Han retirado expropiaciones como la de los hoteles el Algarrobico o el Papagayo Arenas, en Lanzarote.
R. Hubo un Consejo de Ministros un 23-F de 2007 que aprobó la expropiación del Papagayo, las torres de Benidorm, el Algarrobico... Entonces había recursos planteados por la Administración del Estado y luego hubo sentencias. Y eso no lo podemos obviar.
P. Al expropiar ya sabían que habría sentencia.
R. La Administración debe aplicar el principio de eficacia en el gasto y tenemos que desistir de ese procedimiento, que se puede recuperar. Con el dinero de todos no podemos pagar una indemnización por un acto que no ha sido provocado por la Administración del Estado, sino por otra.
P. Si los jueces declaran ilegales esas obras pedirán ejecutar la sentencia para demolerlas gratis.
R. Cuando tengamos sentencia firme se decidirá. La sentencia que declara ilegal el Papagayo es por un tema urbanístico. La Administración del Estado ha dicho que esa instalación no tenía acceso a la playa y que había un incumplimiento de la Ley de Costas. Se empezó a expropiar por considerar que ese macrocemento impedía el acceso a la playa.
P. No han pedido ejecutar la sentencia y allí sigue.
R. Estamos a la espera de que las administraciones que recurrieron decidan cómo actúan. Son ellas las que deben decidir si ejecutan la sentencia.
P. ¿Fue un error aprobar esas expropiaciones?
R. No voy a valorar lo que hicieron mis antecesores. Supongo que tenían motivos y si se llevó al Consejo de Ministros fue una decisión colegiada. Pero los acontecimientos evolucionan.
P. ¿Se refiere a la crisis?
R. No podemos ignorar la crisis. El presupuesto de Costas es de 250 millones y queremos primar actuaciones que generen ingresos a los empresarios y salvaguarden empleos, más que un programa de adquisición de fincas para preservarlas.
P. Demoler no genera empleo.
R. El problema no es el derribo, sino la expropiación. Hoy podemos pagar menos que hace tres o cuatro años. Hemos tenido ofertas para adquirir una finca de 300 hectáreas en Almería a cinco euros por metro. Parece barato pero son 15 millones. Aun así seguiremos adquiriendo fincas.
P. ¿La Ley del Medio Marino, modificará la de Costas de 1988?
R. No. Hemos planteado únicamente, aprovechando la tramitación la Ley de Navegación Marítima, modificaciones muy puntuales de la Ley de Costas. Había una interpretación un poco restrictiva que sólo permitía transmitir las concesiones [de casas construidas legalmente en dominio] en una herencia. Hay sentencias que dicen que la transmisión inter vivos debe contemplarse.
P. ¿Percibe que hay una sensación de doble rasero? ¿Que amargan la vida de gente humilde y que recurren para que Pedro J. Ramírez mantenga una piscina en dominio público?
R. La concesión de la famosa piscina es de 2001 y no sólo era la piscina sino también el embarcadero y Costas aprobó un proyecto de uso público de esa piscina. Los motivos de seguridad esgrimidos por el usuario fueron reconocidos por la Delegación del Gobierno y la Abogacía del Estado apreció fundamento jurídico para no declarar la caducidad de la concesión. La Audiencia Nacional ha anulado ahora los acuerdos. Contra esta sentencia ha recurrido todo el mundo y nosotros también. No hay doble rasero. Ese señor tiene la gestión de una concesión.
P. La Audiencia dice que no. Que ya no la tiene.
R. Tenía. Vamos a esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. El plan de gestión de la piscina se aprobó en 2006.
P. También se aprobó entonces un plan para hacer un camino peatonal por esa zona de Mallorca, donde un grupo de millonarios ha privatizado el litoral.
R. Hay un anteproyecto y no ha pasado a proyecto. Queremos que en toda la Costa de los Pinos haya un paseo y que todos los ciudadanos puedan usarlo.
P. Llevan un año y no avanza.
R. Los proyectos en Costas tardan mucho, porque hay que expropiar y eso se demora.
P. ¿Se plantean retirar la reforma de la ley?
R. En absoluto. No, no, no.
P. ¿Quién la va a apoyar?
R. ¿Quién no?
P. Hay grupos que ya han dicho que no y los nacionalistas exigen a cambio más competencias en el litoral. ¿Se las van a dar?
R. Para acelerar la reforma y no ir a la Ley de Costas tomamos la primera ley que pasase y la de Navegación Marítima era un buen sitio. Confiamos en que la modificación salga adelante. Y si no, veremos otras posibilidades.
P. ¿Aún le llaman las embajadas para presionar contra la ley?
R. Tuvimos dos reuniones, con las embajadas de Reino Unido y Alemania. Nos han dicho 'oye hay mucho revuelo con esto' y le hemos explicado la ley, que tenemos un marco constitucional que la ampara y no ha habido mayores exigencias. En junio, la presidencia checa de la UE organizó a petición de Alemania una cita para explicar la ley a los 27.
P. Las embajadas dicen que en España no hay seguridad jurídica para comprar en la costa.
R. En muchos países europeos hay playas privadas y en España no. Y eso hay que explicárselo. Hablamos y negociamos con todo el mundo y así se entiende la gente. Se ha dicho que íbamos a tirar los chiringuitos. No es así.
P. ¿Cómo se puede negociar la aplicación de una ley?
R. Dentro del marco de la norma se puede. La ley dice que el chiringuito sólo puede tener 150 metros cuadrados y que tiene que haber 200 metros entre ellos. Pero si cuando te dieron la concesión tu chiringuito medía 168 pues sigues con 168. Cuando llegue la prórroga tendrás que adaptarte a la ley. La norma fija un límite al espacio de los chiringuitos. Pero si alguien puede ir al servicio al chiringuito sin tener que tomarse una cerveza pues ese espacio puede no computarse. Estas cosas se hablan.
P. Dijo que los chiringuitos tendrían que cumplir la ley y se armó el escándalo.
R. Hemos dicho que en función de la orografía un chiringuito podrá estar en la arena o fuera. La ley dice que preferentemente se ubicarán fuera. Preferentemente. Si es imposible seguirán en la arena. Quiero hacer compatible que el paisano que quiera tomarse una cervecita en la playa la tome en el chiringo y que la gente tenga espacio para la toalla, que eso es de todos.
P. Ante el masivo incumplimiento de la ley, ¿no es mejor pasar por el cargo sin incendios?
R. No. Mi ilusión es terminar el deslinde y que se pueda recorrer de punta a punta.
P. Narbona encargó un estudio sobre qué habría que hacer para conseguir eso y el resultado era una orgía de demoliciones.
R. Por supuesto necesitará inversiones significativas. Una vez que delimitemos el dominio público iremos tramo a tramo, empezando por lo más conflictivo.
P. El PP les acusa de haber dado trato de favor al permitir en la Isla de Arousa un edificio en el que tiene un ático el número dos del PSOE, José Blanco.
R. Ese deslinde fue aprobado en enero de 2004 [con el PP] y definió la servidumbre de protección. En unas zonas era de 20 metros, en otras 100 y en esa unos 40. El Ayuntamiento recurrió y la Audiencia Nacional redujo en ese tramo la servidumbre a 20 metros. La vivienda de marras se encuentra a 40 metros. De todas formas, el tramo afectado por la sentencia no es el del edificio, sino el contiguo, por lo que la sentencia no le afecta.
P. Costas llegó a presentar recurso ante el Supremo para ampliar la servidumbre en ese tramo y lo retiró. ¿Por qué?
R. ¿Quién ha dicho eso?
P. Lo recurrió y lo retiró.
R. El Supremo el 10 de diciembre de 2007 devino firme la sentencia. Y si es así [la directora general de Costas lo confirma en una llamada telefónica] tendrá que preguntarle a quien retiró el recurso, no a mí. Yo tomo las riendas de este negociado en abril 2008. Lo desconozco.
El retraso en la ley eleva de 60 a 80 años el uso privado de la playa
"La prioridad es el empleo, no comprar terreno en el litoral para preservarlo"
"La presidencia checa de la UE nos hizo explicar la ley a todos los miembros"
Pregunta. ¿Han rebajado la política de Costas?
Respuesta. Sigue la misma política. Tenemos deslindado el 87% de la costa. El objetivo es llegar al 100% esta legislatura.
P. Han retirado expropiaciones como la de los hoteles el Algarrobico o el Papagayo Arenas, en Lanzarote.
R. Hubo un Consejo de Ministros un 23-F de 2007 que aprobó la expropiación del Papagayo, las torres de Benidorm, el Algarrobico... Entonces había recursos planteados por la Administración del Estado y luego hubo sentencias. Y eso no lo podemos obviar.
P. Al expropiar ya sabían que habría sentencia.
R. La Administración debe aplicar el principio de eficacia en el gasto y tenemos que desistir de ese procedimiento, que se puede recuperar. Con el dinero de todos no podemos pagar una indemnización por un acto que no ha sido provocado por la Administración del Estado, sino por otra.
P. Si los jueces declaran ilegales esas obras pedirán ejecutar la sentencia para demolerlas gratis.
R. Cuando tengamos sentencia firme se decidirá. La sentencia que declara ilegal el Papagayo es por un tema urbanístico. La Administración del Estado ha dicho que esa instalación no tenía acceso a la playa y que había un incumplimiento de la Ley de Costas. Se empezó a expropiar por considerar que ese macrocemento impedía el acceso a la playa.
P. No han pedido ejecutar la sentencia y allí sigue.
R. Estamos a la espera de que las administraciones que recurrieron decidan cómo actúan. Son ellas las que deben decidir si ejecutan la sentencia.
P. ¿Fue un error aprobar esas expropiaciones?
R. No voy a valorar lo que hicieron mis antecesores. Supongo que tenían motivos y si se llevó al Consejo de Ministros fue una decisión colegiada. Pero los acontecimientos evolucionan.
P. ¿Se refiere a la crisis?
R. No podemos ignorar la crisis. El presupuesto de Costas es de 250 millones y queremos primar actuaciones que generen ingresos a los empresarios y salvaguarden empleos, más que un programa de adquisición de fincas para preservarlas.
P. Demoler no genera empleo.
R. El problema no es el derribo, sino la expropiación. Hoy podemos pagar menos que hace tres o cuatro años. Hemos tenido ofertas para adquirir una finca de 300 hectáreas en Almería a cinco euros por metro. Parece barato pero son 15 millones. Aun así seguiremos adquiriendo fincas.
P. ¿La Ley del Medio Marino, modificará la de Costas de 1988?
R. No. Hemos planteado únicamente, aprovechando la tramitación la Ley de Navegación Marítima, modificaciones muy puntuales de la Ley de Costas. Había una interpretación un poco restrictiva que sólo permitía transmitir las concesiones [de casas construidas legalmente en dominio] en una herencia. Hay sentencias que dicen que la transmisión inter vivos debe contemplarse.
P. ¿Percibe que hay una sensación de doble rasero? ¿Que amargan la vida de gente humilde y que recurren para que Pedro J. Ramírez mantenga una piscina en dominio público?
R. La concesión de la famosa piscina es de 2001 y no sólo era la piscina sino también el embarcadero y Costas aprobó un proyecto de uso público de esa piscina. Los motivos de seguridad esgrimidos por el usuario fueron reconocidos por la Delegación del Gobierno y la Abogacía del Estado apreció fundamento jurídico para no declarar la caducidad de la concesión. La Audiencia Nacional ha anulado ahora los acuerdos. Contra esta sentencia ha recurrido todo el mundo y nosotros también. No hay doble rasero. Ese señor tiene la gestión de una concesión.
P. La Audiencia dice que no. Que ya no la tiene.
R. Tenía. Vamos a esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. El plan de gestión de la piscina se aprobó en 2006.
P. También se aprobó entonces un plan para hacer un camino peatonal por esa zona de Mallorca, donde un grupo de millonarios ha privatizado el litoral.
R. Hay un anteproyecto y no ha pasado a proyecto. Queremos que en toda la Costa de los Pinos haya un paseo y que todos los ciudadanos puedan usarlo.
P. Llevan un año y no avanza.
R. Los proyectos en Costas tardan mucho, porque hay que expropiar y eso se demora.
P. ¿Se plantean retirar la reforma de la ley?
R. En absoluto. No, no, no.
P. ¿Quién la va a apoyar?
R. ¿Quién no?
P. Hay grupos que ya han dicho que no y los nacionalistas exigen a cambio más competencias en el litoral. ¿Se las van a dar?
R. Para acelerar la reforma y no ir a la Ley de Costas tomamos la primera ley que pasase y la de Navegación Marítima era un buen sitio. Confiamos en que la modificación salga adelante. Y si no, veremos otras posibilidades.
P. ¿Aún le llaman las embajadas para presionar contra la ley?
R. Tuvimos dos reuniones, con las embajadas de Reino Unido y Alemania. Nos han dicho 'oye hay mucho revuelo con esto' y le hemos explicado la ley, que tenemos un marco constitucional que la ampara y no ha habido mayores exigencias. En junio, la presidencia checa de la UE organizó a petición de Alemania una cita para explicar la ley a los 27.
P. Las embajadas dicen que en España no hay seguridad jurídica para comprar en la costa.
R. En muchos países europeos hay playas privadas y en España no. Y eso hay que explicárselo. Hablamos y negociamos con todo el mundo y así se entiende la gente. Se ha dicho que íbamos a tirar los chiringuitos. No es así.
P. ¿Cómo se puede negociar la aplicación de una ley?
R. Dentro del marco de la norma se puede. La ley dice que el chiringuito sólo puede tener 150 metros cuadrados y que tiene que haber 200 metros entre ellos. Pero si cuando te dieron la concesión tu chiringuito medía 168 pues sigues con 168. Cuando llegue la prórroga tendrás que adaptarte a la ley. La norma fija un límite al espacio de los chiringuitos. Pero si alguien puede ir al servicio al chiringuito sin tener que tomarse una cerveza pues ese espacio puede no computarse. Estas cosas se hablan.
P. Dijo que los chiringuitos tendrían que cumplir la ley y se armó el escándalo.
R. Hemos dicho que en función de la orografía un chiringuito podrá estar en la arena o fuera. La ley dice que preferentemente se ubicarán fuera. Preferentemente. Si es imposible seguirán en la arena. Quiero hacer compatible que el paisano que quiera tomarse una cervecita en la playa la tome en el chiringo y que la gente tenga espacio para la toalla, que eso es de todos.
P. Ante el masivo incumplimiento de la ley, ¿no es mejor pasar por el cargo sin incendios?
R. No. Mi ilusión es terminar el deslinde y que se pueda recorrer de punta a punta.
P. Narbona encargó un estudio sobre qué habría que hacer para conseguir eso y el resultado era una orgía de demoliciones.
R. Por supuesto necesitará inversiones significativas. Una vez que delimitemos el dominio público iremos tramo a tramo, empezando por lo más conflictivo.
P. El PP les acusa de haber dado trato de favor al permitir en la Isla de Arousa un edificio en el que tiene un ático el número dos del PSOE, José Blanco.
R. Ese deslinde fue aprobado en enero de 2004 [con el PP] y definió la servidumbre de protección. En unas zonas era de 20 metros, en otras 100 y en esa unos 40. El Ayuntamiento recurrió y la Audiencia Nacional redujo en ese tramo la servidumbre a 20 metros. La vivienda de marras se encuentra a 40 metros. De todas formas, el tramo afectado por la sentencia no es el del edificio, sino el contiguo, por lo que la sentencia no le afecta.
P. Costas llegó a presentar recurso ante el Supremo para ampliar la servidumbre en ese tramo y lo retiró. ¿Por qué?
R. ¿Quién ha dicho eso?
P. Lo recurrió y lo retiró.
R. El Supremo el 10 de diciembre de 2007 devino firme la sentencia. Y si es así [la directora general de Costas lo confirma en una llamada telefónica] tendrá que preguntarle a quien retiró el recurso, no a mí. Yo tomo las riendas de este negociado en abril 2008. Lo desconozco.
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