martes, 6 de marzo de 2012

La supresión del Defensor del Pueblo pende de un acuerdo nacional del PP

La Comunidad cuenta con más de 50 órganos asesores. En casi todos se pagaban dietas hace años; ahora, en unos pocos 

06.03.12 - 01:25 - 

El PP de la Región de Murcia está esperando indicaciones de la cúpula de su partido sobre la supresión de la figura de los defensores del pueblo y de determinados órganos consultivos y asesores de las comunidades autónomas. El portavoz popular, José Antonio Ruiz Vivo, indicó ayer que este debate está encima de la mesa, pero que no existe por ahora ninguna instrucción formal ni constancia oficial a través de los cauces orgánicos. «Cuando llegue ese momento, lo valoraremos», dijo, para añadir que la supresión de determinados organismos ha estado en boca de diversos dirigentes de su partido en los últimos meses. Insistió en que la decisión que se tome debe ser nacional.
La Comunidad Autónoma cuenta con más de 50 comisiones y consejos asesores, consultivos y colegiados. Hace años, la mayoría de éstos pagaban dietas de transporte o asistencia. Ahora lo hacen unos pocos.
Valcárcel lo mantiene
La supresión de los defensores del pueblo autonómicos y de órganos consultivos se planteará en la cumbre de presidentes de comunidades autónomas que se celebrará en Valencia antes del verano, donde se estudiará una profunda remodelación de todos los niveles de la Administración para optimizar su recursos, informó ayer ABC. Se pretende trazar una hoja de ruta común para todas las regiones. Algunas ya se han adelantado, como Castilla-La Mancha, suprimiendo el defensor del pueblo. Es significativo que lo haya hecho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que pretenderá que el resto de comunidades la secunden. Si el PP da indicaciones a nivel nacional, la decisión sería voluntaria, ya que en algunas regiones esta figura está regulada en sus estatutos de autonomía.
En la Región ha habido propuestas para suprimir el defensor del pueblo, y pronunciamientos públicos como los de la alcaldesa de Cartagena y diputada Pilar Barreiro, pero han chocado hasta ahora con la negativa del presidente Valcárcel, que apuesta por la continuidad de esta institución que tiene un coste de 1,6 millones de euros. Los que pretenden su eliminación -en las filas del PP- sostienen que ya existe un defensor del pueblo nacional y añaden que la Asamblea tenía una Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano que ejercía la misma función.
Otros organismos de calado institucional, como el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico, no serán suprimidos, apuntaron ayer otras fuentes del PP. En el primer caso se trata de un organismo asesor externo -vinculado a la Consejería de Economía- formado por empresarios, sindicatos y agentes sociales, que emite dictámenes sobre la situación de la economía y las iniciativas de calado social. El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, defiende su continuidad y sus «informes de calidad». «Es un organismo muy importante y no estoy a favor de que se elimine», señaló ayer. Añade que hace años se pagaba dietas en casi todos los órganos consultivos. Hay más entidades de las que figuran en el organigrama de la Comunidad Autónoma y que se reproducen en estas páginas, como el consejo de Radio Televisión de la Región de Murcia o el Consejo Social de la Universidad, entre otros.
En el seno del PP y del Gobierno regional creen que la eliminación de algunos organismos no tendrá un ahorro significativo, pero opinan que hay que lanzar el mensaje de que el sacrificio debe llegar a todos los ámbitos. Aquí se incluye la medida para reducir los sueldos de los altos cargos y diputados regionales, como publicó 'La Verdad' el domingo. El vicepresidente Juan Bernal apuntó ayer que están estudiando el porcentaje de esta rebaja.


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