MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Muñoz, ha presentado una batería de preguntas orales dirigidas al Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, para que explique, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, los interrogatorios efectuados por policías encapuchados a manifestantes contra la reforma laboral.
La Policía Nacional ha iniciado una investigación interna tras conocer la denuncia de que varios manifestantes fueron interrogados junto a sus abogados por agentes encapuchados tras su arresto en una manifestación no autorizada celebrada el pasado 10 de febrero en Madrid contra la reforma laboral.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press "los abogados designados, unos por Turno de Oficio y otros por designación directa de los interesados, acudieron a asistirles, se encontraron con que fueron recibidos por personas vestidas de paisano, cubiertas con capuchas, de las que no se desprendieron en ningún momento, actuando en todo momento como policías, recibiendo en tal concepto las declaraciones y acompañando a los letrados, siempre encapuchados, hasta la salida".
Pedro Muñoz ha calificado de "práctica no aceptable" estos hechos y pregunta, además, por qué se ha abierto una investigación policial si la práctica era legal como asegura la propia Policía y si los detenidos presentaron petición de 'habeas corpus'. Para el portavoz socialista esta actuación policial es una muestra más de la "política de amedrentamiento" que ejerce el Gobierno del PP contra las protestas ciudadanas.
"Lo que hay detrás es una estrategia del PP que comenzó con la represión en la protesta contra la reforma laboral, ha continuado en las manifestaciones estudiantiles y que pretende restringir y cercenar el derecho a la manifestación de los ciudadanos y coartar sus derechos fundamentales", ha denunciado Muñoz.
"DERECHO A MANIFESTARSE LIBREMENTE"
Precisamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición no de Ley sobre ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución en la que insta al Gobierno a "garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente".
La iniciativa pide al Gobierno que "no eluda su parte de responsabilidad por el descontento social que está en el origen de las protestas", así como a "no culpabilizar a oposición, sindicatos, movimiento asociativo y, especialmente, a los jóvenes, de las situaciones de tensión social que derivan de una crisis económica que no se resuelve con medidas que ahonden en las desigualdades".
Por último, pide "que se evite, mediante el diálogo, la prudencia y, si fuera necesario, con un uso proporcional de la fuerza, que las manifestaciones legítimas acaben siendo utilizadas por elementos radicales para producir disturbios".
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