01.09.11 - 01:07 -
J. V. MUÑOZ-LACUNA | TOLEDO./ La Verdad
Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, inauguró ayer el camino de los grandes recortes del gasto público por el que en las próximas semanas transitarán el resto de comunidades autónomas gobernadas por los populares y que, según dijo hace semanas el propio Mariano Rajoy, será el modelo que él aplique a la administración del Estado si el 20 de noviembre gana las elecciones. Cospedal explicó que no tiene más remedio que poner en marcha este 'tijeretazo' del 20% del presupuesto para salir de la «ruina» heredada del anterior Ejecutivo socialista, que amenaza con un déficit del 4,9% de su PIB en 2011, muy por encima del tope del 1,3% fijado a las comunidades por el Gobierno central. Los populares extremeños seguirán e incluso superarán la estela de Cospedal en breve ya que ayer adelantaron que las «trampas» presupuestarias de los socialistas situarán su déficit a fin de año en el 6,8%.
La presidenta castellano-manchega presentó en Toledo el plan de recortes de su Gobierno que busca ahorrar 1.815 millones en año y medio y aumentar los ingresos en otros 97 millones. Este recorte, bautizado con el nombre de Plan de Garantía de los Servicios Básicos, suprime decenas de altos cargos, las delegaciones provinciales de todas las consejerías, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social regionales, y la mayoría de las empresas públicas y los delegados sindicales de la Junta, que pasarán de 785 a 284. La oferta pública de empleo queda congelada y no se contratará a más interinos, lo que conllevará una notable reducción de plantilla. El ahorro también se sustentará en la venta de los inmuebles, de participaciones en empresas como Gas Natural o Telecom, del parque móvil, y en la revisión a la baja de sus alquileres.
«Es el primer y mayor plan de choque contra el gasto corriente que ha habido en España», señaló Cospedal, que calificó el paquete de «justo, equilibrado, bueno y equitativo para sanear las cuentas, crear empleo y preservar los servicios y prestaciones sociales. Hemos asumido nuestra responsabilidad mirando a los problemas de frente», añadió antes de aclarar que el plan «tendrá un coste cero para los ciudadanos» porque no subirá impuestos.
La presidenta explicó que la sanidad, la educación y la prestación de los servicios sociales serán su prioridad, aunque reconoció que las prestaciones deberán reducirse al máximo. Los miles de funcionarios dejarán de cobrar horas extras, que se compensarán con días de descanso, se suprimen las subvenciones directas a sindicatos y organizaciones patronales, se reduce un 50% el gasto en protocolo y actos institucionales, y se paralizarán las obras públicas que no se consideren fundamentales. Como ya hizo Esperanza Aguirre en Madrid, aumentan las horas lectivas de los profesores de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria, y se suspende la convocatoria de 200 plazas anuales de maestros que podían tomarse un «año sabático».
Cospedal defendió que su Gobierno ha hecho un enorme ejercicio de austeridad para no perjudicar a los más débiles y para garantizar las prestaciones sociales básicas: «Nos hemos ajustado el cinturón de una forma importantísima y pido a los castellano-manchegos, que sé que lo van a entender, que colaboren con nosotros en la recuperación de nuestra región», reclamó.
El PSOE niega el agujero
El portavoz del PSOE en las Cortes regionales, José Luis Martínez Guijarro, dijo que si Cospedal ha presentado un plan de recortes para garantizar los servicios sociales «es porque existen, porque los anteriores gobiernos de Castilla-La Mancha han construido uno de los mejores sistemas sanitarios, educativos y de protección de toda España». Guijarro denunció que hasta ahora el Gobierno del PP «no ha pagado a las farmacias, ha eliminado la paga a las pensiones de viudedad más bajas y ha acumulado retrasos históricos y sin precedentes en el pago de las ayudas a la dependencia».
Los socialistas rechazan el agujero de ingresos que les atribuye la presidenta e indicaron que su Ejecutivo recibirá en 2012 unos 600 millones de euros adicionales que transferirá el Estado en aplicación del nuevo modelo de financiación, «un dinero que Cospedal debería destinar íntegramente a sanidad». De igual manera, Guijarro recordó al Gobierno regional que con los nuevos impuestos que gravan los depósitos de bancos y cajas, la producción de energía nuclear y las instalaciones eólicas la Junta obtendrá 250 millones más el próximo año. LOS 'TIJERETAZOS'
Incremento de dos horas lectivas semanales para los maestros de Infantil, Primaria (pasa de 23 a 25 horas) y Secundaria (de 18 a 20). No se pagarán las vacaciones a los interinos que trabajen más de 5,5 meses. Se cobrará en función del tiempo trabajado, hasta un máximo de 22 días hábiles.
Reducción de 500 liberados sindicales. La cifra pasará de 785 a un máximo de 284.
Supresión del 40% de puestos de personal eventual en la Administración pública.
Eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas.
Plan contra el absentismo laboral, en el que se sustituye el pago de horas extras por tiempo de descanso. Supone un ahorro de 46 millones de euros.
Supresión de la figura del Defensor del Pueblo y de los delegados de las consejerías en las cinco provincias manchegas.
Supresión de las subvenciones directas a sindicatos y patronales.
Reducción de 32 de los 33 centros de formación de profesorado que hay en Castilla-La Mancha. Ahorro de 28 millones.
La congelación temporal de la oferta pública de empleo en todos los sectores para 2012. El ahorro previsto es de 6 millones de euros.
Prohibición de contratar funcionarios interinos.
Clausura de la Oficina de la Junta en Bruselas, la delegación de Castilla-La Mancha en la capital europea.
Reducción del presupuesto de la Televisión de Castilla-La Mancha en un 20% para su posterior privatización. Se reducirán las subvenciones a un 10% con carácter general.
Mayor control del consumo de la telefonía móvil, con el que se ahorrará 2 millones de euros.
Restricción de la contratación de asistencias técnicas. Ahorro de 11,7 millones.
Reducción del 50% de los gastos de protocolo y campañas institucionales.
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