El Gobierno sortea el adelanto electoral en un día agónico con la ayuda del PNV y de CiU

Salva la negociación colectiva después de renunciar a la prevalencia de los convenios estatales sobre los autonómicos

23.06.11 - 01:13 - PAULA DE LAS HERAS | MADRID./ La Verdad

El Gobierno estuvo ayer al borde del abismo. En el último momento, y después de una negociación contrarreloj con el PNV y CiU logró salvar por la mínima su decreto de reforma de la negociación colectiva. No pudo conseguir nada más que su abstención, pero sólo eso bastó para sacar adelante el texto, excesivamente duro para la izquierda y poco ambicioso para la derecha, con los únicos votos del PSOE. Lo contrario le habría abocado sin remedio a un adelanto electoral. El propio José Luis Rodríguez Zapatero ha justificado su empeño en agotar la legislatura en la necesidad de llevar a cabo hasta el final el proceso de reformas. Ahora la norma se tramitará como proyecto de ley y, sin duda, será enmendada.

A estas alturas de mandato, y sobre todo de crisis, el Ejecutivo socialista está más que acostumbrado a sudar la gota gorda para sacar adelante sus iniciativas, pero hacía mucho tiempo que no se veía en una situación tan crítica. El precedente está mayo de 2010, cuando también 'in extremis' logró aprobar el decreto que contenía el mayor recorte del gasto de la democracia con la abstención, aquella vez en exclusiva, de los nacionalistas catalanes. Fue, aducen una y otra vez convergentes y socialistas un gesto de responsabilidad que evitó que España fuera intervenida como le había ocurrido ya a Grecia y luego a Irlanda y Portugal. Pero ahora, CiU no quería llevar en solitario esa carga y ser tildado de 'muleta' del Gobierno.

Alarma

Cuando el pleno estaba a punto de arrancar a las nueve de la mañana, las señales de alarma en el Ejecutivo ya eran evidentes. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, no estaba en su escaño sino en los del PNV, sentada entre los diputados Pedro Azpiazu y Emilio Olabarría, que después defendería la posición de su partido durante el debate. El PNV había dejado claro que votaría en contra del decreto porque hacía prevalecer los convenios colectivos estatales sobre los autonómicos y el Ejecutivo no se avenía a renunciar a ese nuevo orden jerárquico.

Los nacionalistas catalanes, que parecían dispuestos a la abstención, o al menos con eso contaban los socialistas, recularon también hasta situarse en el 'no' y, de pronto, las cuentas del Gobierno no salían.

Alrededor de la una de la tarde, después de una larga sesión de control, empezó el debate del decreto. Y visto que no había habido modo de amarrar un acuerdo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, optó por dilatar la discusión en un evidente ejercicio de filibusterismo parlamentario. En lugar de escuchar a todos los portavoces para luego contestar en bloque, decidió dar réplica uno a uno y de manera extensa. Mientras, en la zona de Gobierno, el líder parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, discutía flanqueado por un equipo de técnicos con el portavoz socialista, José Antonio Alonso, y sus asesores. La 'fumata blanca' llegó por fin cerca de las dos y media de la tarde. Y entonces Valeriano Gómez, que esperaba la señal, renunció a contestar al PP y se procedió a la votación.

«¿Alguna vez se ha conseguido tanto a cambio de tan poco?», preguntaron los periodistas a Erkoreka a su salida del hemiciclo. «En mi trayectoria nunca he conocido un caso semejante» replicó él con sorna. Los nacionalistas vascos lograron que por escrito, en un documento que no ha salido a la luz, el Gobierno aceptara dar «prevalencia manifiesta al ámbito negociador autonómico» en aquellas comunidades que, como el País Vasco y Galicia, existen sindicatos diferentes y representativos.

CiU también arrancó a «destacados miembros del Gobierno» algunos compromisos. Introdujo en el preámbulo un mención explícita a la ligazón entre salarios y productividad, «avances» en la línea de lo propuesto por la patronal en lo referente al absentismo y límites a la flexibilidad. Además, el hecho de que la norma se vaya a tramitar como proyecto ley, decidido por unanimidad, abre la puerta, como apuntó Josep Antoni Duran i Lleida, a más cambios.