Las escuchas telefónicas, a las que ha tenido acceso este diario, han revelado la relación del empresario con el agente de la Benemérita, que sigue en prisión preventiva por orden de un juzgado oriolano. En algunas de esas conversaciones interceptadas por el propio Instituto Armado, el oficial, José Francisco M.R. solicita a su interlocutor «una cueva para un cuatro ruedas».
Los investigadores de la Policía Judicial de Pilar de la Horadada y el Grupo de Atracos de la Comandancia de Alicante han comprobado que el cabo conducía a menudo un turismo propiedad de un presunto delincuente de nacionalidad rumana y se le había visto varias veces moverse con un lujoso todoterreno que figuraba como sustraído.
Como publicó en su edición de ayer este periódico, el sumario sitúa a José Francisco M.R. en un «escalón intermedio» de la organización criminal, sin subordinación jerárquica a sus jefes pero encargado de las funciones logísticas.
Presuntamente, facilitaba la información necesaria para la comisión de los delitos a sus compinches y luego velaba por que éstos no fueran descubiertos. Con esa finalidad realizaba a menudo consultas sobre las víctimas, los demás integrantes de la red y los coches que éstos usaban en el Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO), el programa informático de cabecera de la Benemérita.
La operación se saldó en junio pasado con nueve detenciones. Cinco de los sospechosos siguen hoy en la cárcel a la espera de juicio.
El juzgado atribuye a la banda al menos cinco asaltos violentos a chalés de empresarios ubicados en urbanizaciones oriolanas como Cabo Roig o Campoamor. En una de sus acciones llegaron a tener retenida a la víctima durante nueve horas antes de sustraerle un Jaguar que le devolvieron al día siguiente a cambio de 10.000 euros. En otra, detuvieron ilegalmente a otro industrial, a su mujer y a su hija.
La Policía Judicial sospecha que el cabo, destinado en el Área de Investigación del cuartel de San Javier, también pudo participar directamente en alguno de los atracos, pues un perjudicado reconoció su arma reglamentaria. Además, las escuchas telefónicas han desvelado indicios de que la red, compuesta en su mayoría por ciudadanos rumanos, podía dedicarse a la falsificación de permisos de conducir y a la venta de objetos procedentes de robos.
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