La organización falsificaba certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas de ciudadanos magrebíes, con la que solicitaban el permiso de residencia en España
22.02.10 - 13:17 -
EFE MADRID
22.02.10 - 13:17 -
EFE MADRID
La Guardia Civil ha desmantelado en Navarra, Murcia y La Rioja, una red que vendía documentación falsa a inmigrantes irregulares, por la que pagaban entre 12.000 y 15.000 euros, y ha detenido a 23 de sus integrantes, entre ellos un miembro de una asociación de inmigrantes y una funcionaria de un Ayuntamiento.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los miembros de la organización llegaron en alguna ocasión a exigir favores sexuales a mujeres para la entrega de la documentación.
Los agentes, en la denominada "operación Harrag" llevada a cabo en Navarra, Murcia y La Rioja, han intervenido además una gran cantidad de documentación falsificada.
Las investigaciones se iniciaron en abril del pasado año tras las sospechas que levantó en la Guardia Civil la documentación aportada en varias identificaciones por ciudadanos extranjeros y que permitieron descubrir una red dedicada a facilitar documentación falsa para la regularización de personas procedentes del Magreb.
La organización falsificaba certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas de ciudadanos magrebíes, con la que solicitaban el permiso de residencia en España.
Los certificados de empadronamiento eran conseguidos en ocasiones por un miembro de una asociación de inmigrantes con sede en Tudela (Navarra).
La documentación era entregada a una funcionaria de un ayuntamiento de Murcia, conocida entre los investigados como "La Señora", que se encargaba de expedir un certificado en el que constaba que el inmigrante había estado empadronado en distintos domicilios de la localidad durante el tiempo suficiente exigido para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo social.
Una vez realizado el pago total del dinero exigido, entre 12.000 y 15.000 euros, la documentación era entregada a los inmigrantes.
Posteriormente, y a cambio de otra gran cantidad de dinero, la red les conseguían contratos de trabajo o nóminas, para lo que se valían de empresarios del sector agrícola, que también formaban parte de la red y que recibían importantes cantidades de dinero a cambio.
Para no levantar sospechas de la Administración, los inmigrantes procedían de distintas comunidades autónomas y provincias, entre las que se encuentran Navarra, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Lleida, Barcelona, Huelva, Cáceres y Soria, de forma que cada uno tramitaba su documentación por sus correspondientes oficinas.
La red facilitaba también contratos de trabajo o nóminas a extranjeros que ya se encontraban en situación regular en España, pero que necesitaban los documentos para renovar sus permisos de residencia o para reagrupaciones familiares.
En la operación se han realizado 20 registros en domicilios y empresas, en los que se ha intervenido numerosa documentación.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los miembros de la organización llegaron en alguna ocasión a exigir favores sexuales a mujeres para la entrega de la documentación.
Los agentes, en la denominada "operación Harrag" llevada a cabo en Navarra, Murcia y La Rioja, han intervenido además una gran cantidad de documentación falsificada.
Las investigaciones se iniciaron en abril del pasado año tras las sospechas que levantó en la Guardia Civil la documentación aportada en varias identificaciones por ciudadanos extranjeros y que permitieron descubrir una red dedicada a facilitar documentación falsa para la regularización de personas procedentes del Magreb.
La organización falsificaba certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas de ciudadanos magrebíes, con la que solicitaban el permiso de residencia en España.
Los certificados de empadronamiento eran conseguidos en ocasiones por un miembro de una asociación de inmigrantes con sede en Tudela (Navarra).
La documentación era entregada a una funcionaria de un ayuntamiento de Murcia, conocida entre los investigados como "La Señora", que se encargaba de expedir un certificado en el que constaba que el inmigrante había estado empadronado en distintos domicilios de la localidad durante el tiempo suficiente exigido para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo social.
Una vez realizado el pago total del dinero exigido, entre 12.000 y 15.000 euros, la documentación era entregada a los inmigrantes.
Posteriormente, y a cambio de otra gran cantidad de dinero, la red les conseguían contratos de trabajo o nóminas, para lo que se valían de empresarios del sector agrícola, que también formaban parte de la red y que recibían importantes cantidades de dinero a cambio.
Para no levantar sospechas de la Administración, los inmigrantes procedían de distintas comunidades autónomas y provincias, entre las que se encuentran Navarra, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Lleida, Barcelona, Huelva, Cáceres y Soria, de forma que cada uno tramitaba su documentación por sus correspondientes oficinas.
La red facilitaba también contratos de trabajo o nóminas a extranjeros que ya se encontraban en situación regular en España, pero que necesitaban los documentos para renovar sus permisos de residencia o para reagrupaciones familiares.
En la operación se han realizado 20 registros en domicilios y empresas, en los que se ha intervenido numerosa documentación.
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