El ex presidente balear trabajó para una firma hotelera y una asesoría jurídica
A. MANRESA / J. M. ROMERO - Madrid - 01/04/2010 / El País.com
A. MANRESA / J. M. ROMERO - Madrid - 01/04/2010 / El País.com
Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro de José María Aznar, imputado por haber cometido supuestamente 12 delitos de corrupción política durante su actividad al frente del Gobierno de Baleares y sobre el que pesa un auto de prisión preventiva eludible bajo fianza de tres millones de euros, pidió a Mariano Rajoy en julio de 2007 un sueldo tras abandonar su escaño en el Parlamento y la política para poder afrontar su etapa de desempleo. Ese mes, Matas pidió la excedencia voluntaria de su plaza de funcionario del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma a la que se puede reincorporar en cualquier momento.
Rajoy aceptó pagar con fondos del partido una pensión de 5.000 euros al mes a Matas, obviando que el ex presidente balear se estaba buscando otros ingresos para abandonar su situación de parado. De hecho, en agosto de 2007, sólo un mes después de dejar de cobrar del erario público y asegurarse la pensión de su partido, Matas ofreció sus servicios a una firma de abogados, Estudios Jurídicos Procesales, cuyo administrador, Enrique Arnaldo, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y contratista de la Administración balear durante la presidencia de Matas, le recibió con los brazos abiertos. "Me ofreció prestar los servicios que habitualmente prestan los que dejan la política y que, básicamente, consistía en ofrecer relaciones, identificación de proyectos para inversiones, captación de clientes y consultora económica-financiera", confesó Arnaldo al juez.
El caso es que desde agosto Jaume Matas empezó a ingresar dos sueldos, uno de su partido, el PP, y otro de la empresa Estudios Jurídicos Procesales, que le pagó hasta finalizar el año 31.320 euros, según declaró el ex presidente balear a la Agencia Tributaria.
Matas no se quedó ahí y siguió buscándose la vida para engordar sus ingresos. En diciembre de 2007 pasó a trabajar para el grupo hotelero Barceló y fijó su residencia en Washington gracias a un contrato como director de relaciones institucionales de Barceló Crestline y como ejecutivo de su fondo de inversiones Playa, para la expansión en México, Centroamérica y el Caribe.
Diez meses antes de entrar en esta empresa como ejecutivo, el ex presidente balear había resuelto un concurso público a favor del grupo Barceló para la construcción y explotación por 40 años del Palacio de Congresos de Palma, con un hotel, un centro comercial y aparcamiento. La decisión fue adoptada por el consorcio que formaban representantes del Gobierno de Jaume Matas y del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ambas instituciones en manos del PP.
La Ley balear 2/1996 sobre incompatibilidades de altos cargos, votada por Jaume Matas, establece que "durante el año siguiente a la fecha de su cese" los cargos públicos "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo o función correspondiente".
El ex presidente balear soslayó este pequeño inconveniente legal con el argumento de que él no tomó parte directa en la adjudicación, ya que no se decidió en Consejo de Gobierno autonómico, sino en la sociedad anónima participada al 50% por el Ejecutivo balear y el Ayuntamiento de Palma. Los responsables del grupo hotelero negaron haber recibido trato de favor del presidente Matas en sus relaciones con el Gobierno balear.
Con el contrato de Barceló, el ex presidente Jaume Matas logró durante algunos meses del ejercicio de 2008 tres ingresos distintos: el del PP que le regaló Rajoy por su desempleo político; el de Estudios Jurídicos y Procesales, que le siguió pagando hasta enero de 2009 un total de 28.000 euros; y el del grupo hotelero Barceló.
Sus trabajos para Estudios Jurídicos y Procesales, sólo unos meses después de que su Gobierno hubiera adjudicado a esa empresa un contrato, han generado "un inevitable recelo" en el juez que investiga las actividades supuestamente delictivas de Matas.
En el auto de medidas cautelares dictado contra Matas, el juez sostiene que estos hechos alimentan la sospecha de que la empresa Estudios Jurídicos y Procesales "bien pudo recibir un trato de favor en las dos contrataciones" que le hizo el Gobierno de Jaume Matas. "En este sentido", remacha el juez, "conviene recordar la declaración prestada por María Rosa Estarás [vicepresidenta del Gobierno balear con Matas] cuando dice que el encargo de una consultoría y asistencia para la implantación de un ente público de radiotelevisión en las islas Baleares fue obra del presidente [Jaume Matas] y de la entonces jefa de su gabinete, María Umbert Cantalapiedra, que fue quien facilitó las tres empresas a las que se tenían que cursar las invitaciones". Dos de las tres empresas tenían los mismos socios -una de las dos ganó el contrato- y la otra fue eliminada por su falta de experiencia, según la investigación judicial
Los tres sueldos que el ex presidente balear logró en los meses que siguieron a su abandono de la política suponían al menos el doble de los ingresos que tenía como presidente balear.
El dirigente popular Javier Arenas, que fue durante muchos años secretario general del PP y que tenía conocimiento de algunos asuntos internos relacionados con ex altos cargos de su formación política, aseguró ayer que le parecía bien la pensión que su partido pagó a Matas. Y lo justificó así: "En alguna ocasión el PP, cuando algún dirigente ha cesado y está pendiente de incorporarse a otra actividad, se ha hecho. Me parece bien que se haga". El problema es que Matas no estuvo ni un mes sin actividad, pues se buscó un trabajo con la asesoría jurídica, aunque este hecho pareció pasar inadvertido al PP, que le pagó la pensión durante un año teniendo en cuenta que el ex presidente estaba pendiente de incorporarse a otra actividad.
Ahora Matas busca apoyo financiero para poder cumplir con la fianza de tres millones de euros que le impuso el juez para eludir la prisión preventiva.
Su abogado, Rafael Perera, declaró ayer en la Cadena Ser que apurará el plazo para reunir el dinero (antes del miércoles de la próxima semana). Perera aseguró que el ex presidente balear se encuentra "volcado" intentando reunir la cantidad impuesta por el magistrado que instruye el caso Palma Arena, para lo cual está llevando a cabo numerosas gestiones bancarias. Perera aseguró que Matas dedicará los próximos días, previsiblemente hasta la jornada en que expire el plazo, a reunir los tres millones de euros.
El caso es que desde agosto Jaume Matas empezó a ingresar dos sueldos, uno de su partido, el PP, y otro de la empresa Estudios Jurídicos Procesales, que le pagó hasta finalizar el año 31.320 euros, según declaró el ex presidente balear a la Agencia Tributaria.
Matas no se quedó ahí y siguió buscándose la vida para engordar sus ingresos. En diciembre de 2007 pasó a trabajar para el grupo hotelero Barceló y fijó su residencia en Washington gracias a un contrato como director de relaciones institucionales de Barceló Crestline y como ejecutivo de su fondo de inversiones Playa, para la expansión en México, Centroamérica y el Caribe.
Diez meses antes de entrar en esta empresa como ejecutivo, el ex presidente balear había resuelto un concurso público a favor del grupo Barceló para la construcción y explotación por 40 años del Palacio de Congresos de Palma, con un hotel, un centro comercial y aparcamiento. La decisión fue adoptada por el consorcio que formaban representantes del Gobierno de Jaume Matas y del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ambas instituciones en manos del PP.
La Ley balear 2/1996 sobre incompatibilidades de altos cargos, votada por Jaume Matas, establece que "durante el año siguiente a la fecha de su cese" los cargos públicos "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo o función correspondiente".
El ex presidente balear soslayó este pequeño inconveniente legal con el argumento de que él no tomó parte directa en la adjudicación, ya que no se decidió en Consejo de Gobierno autonómico, sino en la sociedad anónima participada al 50% por el Ejecutivo balear y el Ayuntamiento de Palma. Los responsables del grupo hotelero negaron haber recibido trato de favor del presidente Matas en sus relaciones con el Gobierno balear.
Con el contrato de Barceló, el ex presidente Jaume Matas logró durante algunos meses del ejercicio de 2008 tres ingresos distintos: el del PP que le regaló Rajoy por su desempleo político; el de Estudios Jurídicos y Procesales, que le siguió pagando hasta enero de 2009 un total de 28.000 euros; y el del grupo hotelero Barceló.
Sus trabajos para Estudios Jurídicos y Procesales, sólo unos meses después de que su Gobierno hubiera adjudicado a esa empresa un contrato, han generado "un inevitable recelo" en el juez que investiga las actividades supuestamente delictivas de Matas.
En el auto de medidas cautelares dictado contra Matas, el juez sostiene que estos hechos alimentan la sospecha de que la empresa Estudios Jurídicos y Procesales "bien pudo recibir un trato de favor en las dos contrataciones" que le hizo el Gobierno de Jaume Matas. "En este sentido", remacha el juez, "conviene recordar la declaración prestada por María Rosa Estarás [vicepresidenta del Gobierno balear con Matas] cuando dice que el encargo de una consultoría y asistencia para la implantación de un ente público de radiotelevisión en las islas Baleares fue obra del presidente [Jaume Matas] y de la entonces jefa de su gabinete, María Umbert Cantalapiedra, que fue quien facilitó las tres empresas a las que se tenían que cursar las invitaciones". Dos de las tres empresas tenían los mismos socios -una de las dos ganó el contrato- y la otra fue eliminada por su falta de experiencia, según la investigación judicial
Los tres sueldos que el ex presidente balear logró en los meses que siguieron a su abandono de la política suponían al menos el doble de los ingresos que tenía como presidente balear.
El dirigente popular Javier Arenas, que fue durante muchos años secretario general del PP y que tenía conocimiento de algunos asuntos internos relacionados con ex altos cargos de su formación política, aseguró ayer que le parecía bien la pensión que su partido pagó a Matas. Y lo justificó así: "En alguna ocasión el PP, cuando algún dirigente ha cesado y está pendiente de incorporarse a otra actividad, se ha hecho. Me parece bien que se haga". El problema es que Matas no estuvo ni un mes sin actividad, pues se buscó un trabajo con la asesoría jurídica, aunque este hecho pareció pasar inadvertido al PP, que le pagó la pensión durante un año teniendo en cuenta que el ex presidente estaba pendiente de incorporarse a otra actividad.
Ahora Matas busca apoyo financiero para poder cumplir con la fianza de tres millones de euros que le impuso el juez para eludir la prisión preventiva.
Su abogado, Rafael Perera, declaró ayer en la Cadena Ser que apurará el plazo para reunir el dinero (antes del miércoles de la próxima semana). Perera aseguró que el ex presidente balear se encuentra "volcado" intentando reunir la cantidad impuesta por el magistrado que instruye el caso Palma Arena, para lo cual está llevando a cabo numerosas gestiones bancarias. Perera aseguró que Matas dedicará los próximos días, previsiblemente hasta la jornada en que expire el plazo, a reunir los tres millones de euros.
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