domingo, 26 de mayo de 2013

Ruz interroga desde mañana a los constructores imputados por las donaciones de la supuesta contabilidad B

Los primeros en declarar serán Alfonso García Pozuelo (Hispánica), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Sando)

    MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
   El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará desde mañana, lunes, a los ocho constructores imputados por las donaciones que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, así como al presunto número dos de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, que realizó aportaciones en nombre de la red de Francisco Correa.

   El magistrado, que investiga los denominados 'papeles de Bárcenas', tomará declaración el lunes al exdueño de Construcciones Hispánica Alfonso García Pozuelo, que también está imputado en el 'caso Gürtel'; al presidente de Obrascón Huarte Laín (OHL), Juan Miguel Villar Mir; y al máximo responsable del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez.
   Al día siguiente será el turno para José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; Manuel Contreras Caro, presidente del Grupo Azvi; Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; y Juan Manuel Fernández Rubio, exconsejero de Aldesa.
   El miércoles será el turno de Antonio Vilella, responsable de Construcciones Rubau, y Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia y supuesto número dos de Francisco Correa en la trama 'Gürtel'.

12.000 MILLONES EN CONTRATOS

   Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B de Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política, según constaba en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez Ruz.
   Este informe detalla la existencia de "19 donantes identificados", entre los que se encuentran los nueve imputados. De ellos, 16 habrían realizado aportaciones que en 21 ocasiones fueron superiores al límite legal de 60.000 euros contemplado hasta 2007 por la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
   En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF apreciaba "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que suele coincidir con el de "mayor volumen de contratación".
   Además de los anteriores, la UDEF identificaba como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).

OHL, A LA CABEZA DE CONTRATOS

   El donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, según el informe de la UDEF, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de los cuales 4.652,66 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP. Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio. El informe también atribuye a su presidente, Juan Miguel Villar Mir, 530.000 euros en donaciones.
   Los 'papeles de Bárcenas' atribuyen a Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción, entregas al PP por valor de 165.000 euros. Según el informe de la UDEF, las administraciones 'populares' le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.
   Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones 'populares', lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En total, su presidente, Luis del Rivero, habría aportado al PP 480.000 euros.
   Constructora Hispánica, por su parte, recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares'. Las nueve entregas de su presidente, Alfonso García Pozuelo, ascendieron a 258.161,94 euros.
   Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos 'populares'. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP 858.000 euros, según la supuesta contabilidad B.
   El Grupo Empresarial Sando recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones.
   El informe también detalla que las diferentes administraciones del PP adjudicaron contratos a Copasa (482,17 millones), Aldesa (282,25 millones), Sedesa Obras y Servicios (272,80 millones), Rubau (144,57 millones), Copisa (76,97 millones) y Urazca (39,93 millones).

DONACIONES FRACCIONADAS

   El informe de la UDEF apunta además que el que fuera tesorero del PP incurrió de forma "persistente" en una ocultación de la cuantía de las donaciones realizadas al partido por empresas o personas físicas y que superaron, en 21 ocasiones, el límite legal de 60.000 euros.
   Así, especifica que Bárcenas transformaba estas donaciones nominales "en ingresos en la cuenta de donativos anónimos" del PP "dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior". La intención, según la Policía, era conseguir que fuera "imposible" verificar si se estaban incumpliendo los límites máximos de aportación. "Se transformaban en ingresos diluidos", indicaba el informe policial.

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