Un capitán destinado en la Academia General del Aire de San Javier está implicado en la trama, que pudo defraudar más de 92.000 euros
15.03.13 - 00:59 -
LA VERDAD / EP |
Un total de 27 oficiales y cinco suboficiales del Ejército del Aire, uno de ellos un capitán destinado en la Academia General del Aire de San Javier (AGA), están acusados de estafar al Ministerio de Defensa más de 92.000 euros a través de facturas falsas de mudanzas. La trama la lideraba presuntamente un teniente, que gestionaba la entrega de documentos manipulados para cobrar las indemnizaciones por cambio de residencia.
El caso se descubrió a raíz de que siete tenientes recién salidos de la AGA -donde se forman a todos los oficiales del Ejército del Aire- habían presentado la misma factura para acceder a esta ayuda. Defensa inició entonces el escrutinio de hasta 150 de estos traslados, de los que finalmente se han encontrado indicios delictivos contra un comandante, ocho capitanes, 17 tenientes, cinco sargentos y un ahora exteniente, a los que se atribuyen presuntos delitos contra la hacienda militar y de deslealtad, penados con hasta diez y seis años de prisión, según el Código Penal Militar. También hay un civil, hermano del cabecilla, implicado.
El fraude se servía de las indemnizaciones que Defensa paga por cambios de residencia forzosos, ya que los oficiales tienen derecho a una ayuda de entre 1.500 y 2.000 euros para efectuar la mudanza a sus nuevos destinos. El principal acusado presuntamente ideó una trama en la que cumplía todos los trámites sin contratar a ninguna empresa: presentaba presupuestos falsos de tres empresas y después adjuntaba una factura falsa por las mudanzas, que nunca se hacían. Sin hacer ningún pago, el militar que se trasladaba cobraba la indemnización, de la que el cabecilla se embolsaba en torno al 25%.
Según el atestado policial remitido al juez, los primeros indicios surgieron de «forma casual», cuando un encargado de revisar los documentos aportados para solicitar las indemnizaciones detectó un error en una factura, por el que convocó a una de las empresas de mudanzas perjudicadas pensando que se trataba de un simple fallo tipográfico.
Los responsables de esta empresa, ubicada en Zaragoza, descubrieron así que se había estado suplantado su identidad en varias facturas por mudanzas para las que se habían pedido presupuestos, pero que nunca se habían realizado. La firma denunció los hechos y envió una carta al Ministerio para informarle de la «utilización fraudulenta de sus facturas y presupuestos» desde 2008.
Antes de que se presentara la denuncia, y al conocer que el supuesto fraude había sido destapado, el presunto cabecilla contactó con los propietarios de esta empresa y les pidió que no iniciaran «ningún tipo de acción penal», ofreciéndole dinero y «unas vacaciones pagadas en Gran Canaria por un mes en residenciales exclusivos para militares» si desistían de su denuncia, ofreciéndoles incluso implicarse en la trama delictiva.
Los propietarios de la empresa rechazaron la propuesta y presentaron una denuncia ante un juzgado civil, que remitió la investigación al Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid, que finalmente ha imputado a los 31 militares.
Tras la denuncia, al comprobar la ilicitud de las facturas, agentes de la Guardia Civil registraron el domicilio y el lugar de trabajo del principal imputado, en la base aérea de Son San Joan, de Palma de Mallorca. Fue detenido y puesto en libertad ese mismo día, el pasado 11 de diciembre. Según el atestado, encontraron «diferentes indicios incriminatorios de la confección de facturas y presupuestos falseados». También aparecieron correos electrónicos que implicaban directamente a un capitán en la elaboración de facturas falsas.
Días después, la Guardia Civil también registró el domicilio y lugar de trabajo de este capitán, en la base aérea de Zaragoza, a quien se tomó declaración en calidad de detenido antes de su puesta en libertad.
Ambos elaboraban presuntamente todos los documentos falsos por los que se acreditaban las mudanzas -que nunca se llevaron a cabo- y de la que se beneficiaron al menos una treintena de oficiales, que pagaban por estas gestiones a los creadores de la farsa «alrededor del 25% del valor de lo presupuestado», según el atestado. La mayoría de los pagos se hicieron en metálico.
Además de la empresa denunciante, representada por la letrada María Luz Jiménez, la trama realizó facturas falsas de otras cuatro empresas reales que «de forma totalmente involuntaria y desconocida» aparecen en los documentos presentados para solicitar indemnizaciones. También utilizaron «empresas ficticias» para sus fines, como una compañía que bautizaron 'Mudanzas Pérez'.
La Guardia Civil no descarta que puedan aparecer «más defraudadores». De hecho, la abogada apunta que «con toda probabilidad» van a «aparecer nuevas empresas de mudanzas» y el importe defraudado podría superar «con creces» la cifra acreditada en la actualidad.
El teniente es el único de los imputados del que constan antecedentes, tras ser detenido por la Guardia Civil en 2009 por los supuestos delitos de detención ilegal y amenazas con arma de fuego y por la Policía Nacional en 2010 por un supuesto delito de malos tratos.
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