Solo el 18% de los ediles, 12.188, tendrán dedicación exclusiva
En Madrid y Barcelona habrá también concejales que no cobrarán
Hacienda desconoce cuántos ediles hacen ya su trabajo sin cobrar
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ANA MARTÍN PLAZA
15.02.2013
La reforma local presentada este viernes por el Gobierno reduce el número de concejales con dedicación exclusiva y el de asesores que podrán tener los ayuntamientos, además de fijar los sueldos máximos de los alcaldes según el tamaño del municipio -en ningún caso más de los 100.000 euros de un secretario de Estado- y de los funcionarios municipales para evitar las diferencias salariales que existen actualmente entre localidades.
El Gobierno espera ahorrar 7.129 millones de euros netos entre 2013 y 2015 con estas medidas, entre otras, como la reorganización de las competencias o la eliminación de las mancomunidades que no informen sobre sus gastos.
De los 68.285 concejales que existen en España solo cobrarán a partir de la aprobación de la ley el 18%, es decir, 12.188. El resto, el 82%, no tendrá sueldo, según ha explicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha elevado al Consejo de Estado un informe sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En la actualidad, ya hay muchos concejales que no perciben salario por desempeñar su actividad, sobre todo en los pueblos más pequeños, aunque el ministro no ha dado el porcentaje de los que ahora no cobran nada por lo que no se puede comparar si el 82% es mucho más de lo que ya ocurre ahora.
Desde Hacienda explican a RTVE.es que no pueden dar ninguna cifra porque hasta la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria los ayuntamientos no tenían la obligación de facilitar la información al Gobierno.
Lo que sí supone una novedad es que la medida de reducir el número de concejales con sueldo afectará a todos los municipios, incluidos Madrid y Barcelona. "En las grandes ciudades dejarán de tener dedicación exclusiva todos los concejales", ha explicado Montoro.
De los 57 concejales que tiene Madrid, 12 no cobrarán; De los 41 de Barcelona, no recibirán salario 9 de ellos. En las ciudades de entre 700.001 a un millón de habitantes 8 de sus 33 concejales no podrán tener dedicación exclusiva; en las de entre 500.001 a 700.000 se verán en esta situación 9 de sus 31 ediles; en las de entre 300.001 a 500.000 no tendrán salario 9 de los 29 concejales; y así sucesivamente hasta llegar a los municipios más pequeños, de menos de 1.000 habitantes que no podrán pagar a ningún concejal.
El Gobierno ha descartado la reducción del numero de concejales como había anunciado el pasado mes de julio cuando presentó el paquete de medidas para ahorrar 65.000 millones de euros hasta 2014 y que incluyó la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios.
Los objetivos de la reforma local, según la referencia del Consejo de Ministros, sonclarificar las competencias municipales para que solo haya "una administración, una competencia"; racionalizar la estructura de la administración local; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; y favorecer la iniciativa económica privada "evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".
Reducción del número de asesores y regulación de sueldos
Una de las medidas que incluye la reforma local para racionalizar la estructura de los ayuntamientos es la disminución de los asesores en función del tamaño de los municipios. En total solo podrá haber en toda España 6.489 empleados de este tipo.
Este personal eventual solo podrá representar el 0,7% de la plantilla en las seis ciudades españolas que tienen más de medio millón de habitantes. Los municipios de entre 50.001 y 500.000 habitantes solo podrán tener el mismo número de asesores que de concejales, es decir entre 12 y 29. El resto irá disminuyendo hasta losmunicipios de 5.000 personas que no podrán tener ninguno.
Limitación de los sueldos de alcaldes y funcionarios por ley
La reforma local incluye la limitación del sueldo máximo que podrán recibir los alcaldes y los concejales en función del tamaño del municipio. En ningún caso los alcaldes podrán cobrar más de los entre 90.000-100.000 euros de un secretario de Estado. El 100% de este salario será el que cobren los primeros ediles de las ciudades de 500.000 habitantes.
El salario irá diminuyendo proporcionalmente hasta el 20% del salario de un secretario de Estado en el caso de los municipios de entre 1.000 y 2.000 y los cero euros de los pueblos más pequeños.
Montoro también ha señalado como una de las grandes novedades de la reforma la fijación en los presupuestos generales del Estado del tope máximo que pueden cobrar los empleados públicos de los ayuntamientos para eliminar las diferencias que hay entre unos municipios y otros.
No se podrán crear nuevas empresas públicas
Cristóbal Montoro ha explicado que la reforma local prohibirá la creación de nuevas empresas públicas municipales, se suprimirán o sanearán las que dependen de otras entidades y se disolverán algunas de las existentes.
El ministro de Hacienda y Administraciones públicas también ha anunciado que lasmancomunidades y entidades locales que no presenten sus cuentas en tres meses desaparecerán.
La función interventora de los ayuntamientos se refuerza y será el Gobierno el que establezca los mecanismos de control. Los interventores dependerán funcionalmente del Estado.
Redistribución de las competencias
El anteproyecto de ley de reforma de la Administración local incluye la redistribución de las competencias para evitar las duplicidades. En este sentido establece un plazo de 5 años para que las competencias de educación y sanidad que ahora tienen los ayuntamientos sean asumidas por las comunidades. Para los servicios sociales el periodo es de solo un año.
Según ha explicado Montoro, la autonomía asumirá la competencia pero podrá establecer convenios con los municipios para prestar esos servicios.
La futura ley también prevé que sean las diputaciones las que asuman la prestación de servicios mínimos en el caso de las localidades de menos de 20.000 habitantes cuando el coste se dispare. Si es una competencia impropia tendrá que suprimirse.
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