Se decía "seguro" de la "rigurosidad y escrupulosidad" de los expedientes
EFE05.10.2010 - 17:37h
El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena (PP), ha sido imputado en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 8 de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en esta ciudad y que se han saldado con tres detenidos, han informado fuentes de la investigación.
Las mismas fuentes han indicado que también ha sido imputado en este caso el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo entre los años 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, arquitecto en excedencia de su puesto como funcionario municipal.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha proseguido esta tarde en el despacho del concejal los registros que lleva a cabo desde primeras horas del martes en la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, cuyo director, Alberto Guerra, ha sido detenido junto a un abogado y a un ingeniero italiano. Guerra ya ha sido trasladado a dependencias policiales después de haber presenciado los registros.
Berberena se convierte así en el único imputado con cargo político de la operación.
El expediente, anterior a su nombramiento como concejal
El concejal se ha defendido argumentando que el expediente por el que se promovió el complejo Nueva Condomina, investigado en esta operación, se abrió antes de que él entrara en el gobierno municipal, en 2003.
Al término del registro y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la investigación se centre en ese plan, Berberena, ha dicho que "puede ser", pero que en esa época él no era concejal y que, por lo que sabe, "se llevó en su día a plan parcial y está como tal".
Este plan parcial aprobado en 2003 modificaba la calificación del suelo fijada en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia aprobado dos años antes y provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, y su posterior salida del consistorio murciano.
Además, ha confirmado que una caja fuerte de su propiedad, en una entidad bancaria, ha sido registrada por los agentes de la UCO que desarrollan esta operación. Según ha explicado, la caja fuerte era suya desde antes de ser concejal, y ahí es donde tiene sus "escrituras y las cosas propias de la familia".
Seguro de la "escrupulosidad y rigurosidad de los expedientes"
El concejal, al término de este último registro, del que los agentes se han llevado dos cajas con documentación, ha negado a preguntas de los periodistas su imputación en el caso, y ha comentado: "si el juez me llama iré muy gustoso a darle las explicaciones que sean necesarias".
Berberena había dicho esta mañana que estaba "seguro de que todos los expedientes administrativos en materia de urbanismo se han tramitado con una rigurosidad y una escrupulosidad absolutas". El concejal había seguido durante algunos minutos el desarrollo del registro a las puertas de la Gerencia de Urbanismo y desde se mostró dispuesto a colaborar con la justicia y facilitar toda la documentación necesaria.
El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado, en un comunicado, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sendas sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, probaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.
Las mismas fuentes han indicado que también ha sido imputado en este caso el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo entre los años 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, arquitecto en excedencia de su puesto como funcionario municipal.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha proseguido esta tarde en el despacho del concejal los registros que lleva a cabo desde primeras horas del martes en la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, cuyo director, Alberto Guerra, ha sido detenido junto a un abogado y a un ingeniero italiano. Guerra ya ha sido trasladado a dependencias policiales después de haber presenciado los registros.
Berberena se convierte así en el único imputado con cargo político de la operación.
El expediente, anterior a su nombramiento como concejal
El concejal se ha defendido argumentando que el expediente por el que se promovió el complejo Nueva Condomina, investigado en esta operación, se abrió antes de que él entrara en el gobierno municipal, en 2003.
Al término del registro y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la investigación se centre en ese plan, Berberena, ha dicho que "puede ser", pero que en esa época él no era concejal y que, por lo que sabe, "se llevó en su día a plan parcial y está como tal".
Este plan parcial aprobado en 2003 modificaba la calificación del suelo fijada en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia aprobado dos años antes y provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, y su posterior salida del consistorio murciano.
Además, ha confirmado que una caja fuerte de su propiedad, en una entidad bancaria, ha sido registrada por los agentes de la UCO que desarrollan esta operación. Según ha explicado, la caja fuerte era suya desde antes de ser concejal, y ahí es donde tiene sus "escrituras y las cosas propias de la familia".
Seguro de la "escrupulosidad y rigurosidad de los expedientes"
El concejal, al término de este último registro, del que los agentes se han llevado dos cajas con documentación, ha negado a preguntas de los periodistas su imputación en el caso, y ha comentado: "si el juez me llama iré muy gustoso a darle las explicaciones que sean necesarias".
Berberena había dicho esta mañana que estaba "seguro de que todos los expedientes administrativos en materia de urbanismo se han tramitado con una rigurosidad y una escrupulosidad absolutas". El concejal había seguido durante algunos minutos el desarrollo del registro a las puertas de la Gerencia de Urbanismo y desde se mostró dispuesto a colaborar con la justicia y facilitar toda la documentación necesaria.
El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado, en un comunicado, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sendas sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, probaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.
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