Más de 20 ayuntamientos trabajan con la Comunidad en un plan de reequilibrio que les impone por primera vez un techo de gasto
14.08.11 - 02:06 -
Asfixiados por sus deudas, los ayuntamientos de la Región se enfrentan ahora a un reto más difícil todavía: la elaboración de un plan de reequilibrio financiero que incluya la fijación de un techo de gasto, algo a lo que no están acostumbrados ni legalmente obligados. Pero tendrán que hacerlo si quieren recibir las ayudas que la Comunidad Autónoma ha puesto a su alcance con la intención de trasfundir oxígeno, si quiera un poco, a las maltrechas economías municipales.
Una veintena de alcaldes ya se han apuntado, y comprobado que no les queda otro remedio que reducir gastos, en ocasiones de forma dolorosa, e incrementar los ingresos sea como sea. A cambio, el Gobierno regional les anticipa el 90% de la recaudación obtenida el año anterior en el cobro del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), les permite un aplazamiento en el pago del dinero que adeudan por distintos conceptos a la Administración autonómica, y les acompaña incluso a renegociar la deuda del municipio con grandes empresas como Iberdrola o Telefónica, ante las que un ayuntamiento pequeño no tiene llegada pero en las que se les abren los despachos si el alcalde llega de la mano del Gobierno regional.
El paquete incluye asimismo acuerdos con bancos y cajas de ahorro, la posibilidad de acceder a los créditos del ICO (Instituto de Crédito Oficial), y el asesoramiento del Instituto de Crédito y Finanzas de la Comunidad Autónoma. Además, una legión de funcionarios autonómicos expertos se pone al servicio de las corporaciones locales para echarles una mano en el papeleo.
Este plan de socorro a los ayuntamientos se dirige y gestiona desde la comisión que han creado las consejerías de Economía y Hacienda y Presidencia, a través de las direcciones generales de Administración Local y de Presupuestos y la Agencia Regional de Recaudación. Ahora bien, para que un ayuntamiento pueda beneficiarse de estas ayudas, ha de elaborar previamente el citado plan de reequilibrio. Y ha sido al ponerse manos a la obra en su confección cuando muchos alcaldes comprueban estos días que, a la vista de las malas expectativas de ingresos, no les queda otra que meter la tijera en capítulos que les parecían intocables y abordar una serie de medidas que les pueden acarrear la impopularidad de sus vecinos. El alcalde de la Unión, Francisco Bernabé, lo comprobó personalmente anteanoche, con una primera manifestación vecinal contra el incremento de la tasa de la guardería municipal, que ha pasado de 40 a 120 euros.
Pero eso no es más que el principio. Todos los alcaldes consultados por 'La Verdad' coinciden en que suprimir horas extra de los funcionarios, o apagar antes el alumbrado público de sus poblaciones, no bastarán para reducir el déficit en la medida en que necesitan hacerlo. Llevar a cabo el plan de reequilibrio presupuestario al que se han comprometido con la Comunidad traerá también consigo, inevitablemente, la venta de patrimonio municipal, el cierre de instalaciones deportivas, la privatización de servicios que tradicionalmente han prestado los ayuntamientos, e incluso -en algún caso- la rebaja de sueldos municipales.
Tienen de plazo hasta final de año para poner sus cuentas blanco sobre negro y poder cobijarse bajo el paraguas de la Administración regional. Por tanto, aún no están en condiciones de precisar con detalle qué medidas llevarán a cabo en sus municipios. Por otra parte, la proximidad de una nueva convocatoria electoral (el 20-N) les aconseja prudencia en el anuncio público de unas decisiones que no serán del agrado popular.
Pero algunos ejemplos sí pueden mostrarse ya. El Ayuntamiento de La Unión no es de los que peor situación atraviesan. Con un presupuesto de 38 millones para 2011, y una deuda a proveedores de 12 millones, su alcalde, Daniel García Madrid, ya ha decidido que cederá a una empresa privada la gestión durante unos cuantos años de los tres aparcamientos municipales de camiones. Prohibir las fotocopias en color y privatizar la piscina municipal no han bastado para sanear las arcas de un pueblo que, contra la tónica general, ha ganado población; de ahí que García Madrid insista en la necesidad de acometer 'la segunda descentralización', de reformar la ley de Administración Local (bandera común que enarbolan todos los regidores consultados) y de que otras administraciones paguen por lo que se conoce como las 'competencias impropias', aquellas que los ayuntamientos sufragan , sin tener que hacerlo, para, por ejemplo, mantener los colegios -que son de titularidad autonómica- o seguir prestando servicios sociales para los que carecen de consignación presupuestaria.
En Abarán, su alcalde, Jesús Molina, ya no sabe qué hacer para recaudar más. Abrirá un buzón de sugerencias en el que confía que «quien tenga buenas ideas, nos las haga llegar. Todas serán estudiadas». Ha recortado la productividad de los empleados municipales, privatizará la piscina cubierta del pueblo, «que nos costaba unos 40.000 euros anuales», reducirá el horario del aparcamiento municipal situado junto a la piscina, no renovará los contratos temporales a medida que vayan venciendo -otra decisión generalizada entre las corporaciones- y, aún así, no ha podido pagar la extra de verano a sus funcionarios. Con una deuda de 17,5 millones, y un presupuesto de sólo 12, Jesús Molina describe así el pesismismo que le embarga: «Es como si estuviéramos achicando agua de un barco que se hunde con un vaso de café».
El de Mula parece un caso paradigmático. José Iborra, su veterano alcalde, gobierna con un presupuesto prorrogado que no pasa de los 9 millones, no sabe a estas alturas a cuánto asciende la deuda municipal,pero ya ha engrasado la maquinaria para calibrar «qué servicios tendremos que dejar de prestar, incluidos algunos servicios sociales», y tiene claro que, cuando llegue el frío, la piscina cubierta dejará de ser municipal o bien cerrará algunos días por semana.
En Ceutí, llevar el niño a la guardería municipal costará el doble a partir de septiembre, 100 euros al mes (antes, 50), y en un porcentaje similar se incrementarán también todas las tasas que no sean «para servicios de extrema necesidad», en palabras de su alcalde, Juan Felipe Cano. «No podíamos seguir soportando un déficit anual de 358.000 euros que nos suponía la guardería», comenta Cano, resignado al hecho de que, una vez alumbrado el plan municipal de reequilibrio presupuestario, es decir, de aquí a final de año, «tendremos que tomar medidas drásticas, por desgracia».
La necesidad de reducir los gastos al máximo llevó a la nueva alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, a establecer un sistema de control del gasto público para todas las compras superiores... a 100 euros, amén de suspender las oposiciones ya iniciadas, reducir drásticamente (en más de 83.000 euros) la asignación a las fiestas patronales, y otras medidas de disminución del gasto corriente que ninguna corporación ha dejado de aplicar.
Pero la tijera se ha quedado pequeña. Tras el verano, muchos ayuntamientos se verán obligados a vender inmuebles y a reducir servicios que hoy parecen de otra época, aquélla en la que los perros se ataban con longaniza.
ALGUNOS EJEMPLOS
Torre Pacheco
Aparcamientos municipales de camiones.La gestión se concederá durante varios años a una empresa privada.
Prohibidas las fotocopias de documentos en color.
Abarán
Piscina climatizada. Privatización de la gestión.
Aparcamiento municipal. Privatización de la gestión o reducción horaria.
Mula
Piscina climatizada. Reducción del horario y posible privatización de su gestión.
Moratalla
Patrimonio municipal. Venta de todo el que se considere «ocioso o mal aprovechado».
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