Las ayudas, de entre 300 y 442 euros al mes, son ya la única salida para centenares de familias en el paro y sin recursos
23.08.11 - 00:40 - 
La crisis y el desempleo están dejando en la pobreza cada vez a más murcianos. En el último año, el número de familias que han solicitado el ingreso mínimo de inserción (IMI) -una ayuda mensual de entre 300 y 442 euros- ha crecido un 50%. Así, si en julio de 2010 los servicios sociales municipales habían tramitado al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) 1.261 peticiones, un año después se acumulan 1.886. De ellas, 1.569 familias han conseguido la prestación.
La subvención va dirigida a personas en situación de exclusión social, sin trabajo y sin ingresos. El dinero va destinado a cubrir sus necesidades básicas, desde alimentación al pago de recibos de la luz o el agua. El incremento de las peticiones de ayuda es fiel reflejo de la situación de crisis, subraya Juan Castaño, director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS.
Pero no todas las familias en situación de exclusión social cobran el ingreso mínimo de inserción. Además de no disponer de renta alguna, «hay que cumplir otros requisitos», recuerda Castaño. Por ejemplo, llevar al menos cinco años viviendo en España (y uno en la Región), y tener entre 25 y 65 años. La paga, además, no dura más de doce meses, aunque en algunos casos es prorrogable. El director de Pensiones y Valoración defiende que «desde la Ley de Renta Básica (aprobada en 2007) el ingreso mínimo de inserción es un derecho subjetivo, y todo el que cumple los requisitos lo recibe». Sin embargo, las organizaciones sociales creen que la ayuda se queda corta, porque es demasiado restritctiva, y no llega a todos los que la necesitan. «Dicen que hay 1.882 solicitudes, pero hay muchas familias en situación de pobreza a quienes los servicios sociales ni siquiera les tramitan esas solicitudes», denuncia Jesús Salmerón, presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Región de Murcia).
«Hay muchos más»
«El problema de la comunidad es que no hay cifras ni estadísticas sobre exclusión social, pero parece claro que hay bastantes más de 1.500 familias en esta situación», señala Salmerón. La cifra, para la Red de Lucha contra la Pobreza, resulta ridícula. «Hay barrios donde prácticamente todas las familias están por debajo del umbral de la pobreza, y sin embargo no más de un 5 o un 10% de ellas cobran el IMI», subraya. Sin embargo, el director de Pensiones, Valoración y Programas del IMAS, Juan Castaño, insiste en que «ni un solo murciano que necesite este ingreso se va a quedar sin él». El número de ayudas se ha incrementado. En enero la cobraban 960 familias, y el mes pasado llegó a 1.569. Represnta un crecimiento del 63%. El coste, desde principios de año, ha sido de 2,1 millones de euros. El presupuesto del IMAS para este capítulo asciende este ejercicio a 4 millones de euros.
En teoría, el ingreso mínimo de inserción debe ir acompañado de un 'itinerario de inserción' que ayude a la persona que lo recibe a entrar de nuevo en el mercado laboral. Juan Castaño explica que los trabajadores sociales municipales están desarrollando estos itinerarios en todos los casos. La Red de Lucha contra la Pobreza denuncia sin embargo que esos itinerarios son mejorables, y que además deben quedar claras «las obligaciones de la administración». «Si quien recibe la ayuda está obligado a acudir a unos cursos de formación, por ejemplo, Política Social debe garantizar que mientras tanto tiene garantizada la vivienda», explica Jesús Salmerón. Los itinerarios de inserción vienen establecidos por la Ley de Renta Básica, pero esa normativa no se ha desarrollado pese a que fue aprobada en 2007. El reglamento que debe llevar a la práctica la ley permanece atascado, sin que hasta el momento se ofrezca una posible fecha para su aprobación.
El ingreso mínimo de inserción debería haber sido sustituido hace ya cuatro años por la nueva renta básica, que supone 99 euros más al mes. El director de Pensiones y Valoración del IMAS defiende que el retraso en la aprobación del reglamento no está afectando sin embargo a otros aspectos, como los itinerarios de inserción. Pero esa no es la opinión ni de la oposición política en la Asamblea Regional, que ha planteado numerosas mociones, ni de la Red de Lucha contra la Pobreza. «La norma debe aprobarse ya para que a la gente se le reconozcan sus derechos, y sobre todo para que pueda
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